Por David M. Pérez
Periodista
Hay algo que el Gobierno de José Raúl Mulino debe explicar con absoluta claridad, luego de sus recientes declaraciones: ¿la contratación de médicos especialistas extranjeros será una medida excepcional para cubrir necesidades urgentes o forma parte de una política más amplia de apertura del mercado de servicios profesionales?
La pregunta no es gratuita.
El TiSA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios), negociado durante varios años por un grupo de países, entre ellos Panamá, y que inicio en la administración Martinelli, buscaba ampliar la liberalización del comercio de servicios y establecer reglas para facilitar la prestación internacional de numerosos servicios profesionales.
Su alcance no se limitaba a los médicos. La intención de aquel proceso era abarcar una amplia gama de servicios y actividades profesionales, incluyendo sectores como salud, educación, finanzas, telecomunicaciones, transporte y otros servicios.
El TiSA nunca llegó a convertirse en un tratado vigente, pero su discusión dejó sobre la mesa una pregunta que hoy vuelve a ser pertinente:
¿Hasta dónde pretende llegar Panamá en la apertura de sus servicios profesionales?
Porque hoy se habla de médicos especialistas extranjeros.
¿Y mañana?
¿Ingenieros?
¿Abogados?
¿Periodistas?
¿Arquitectos?
¿Contadores?
¿Educadores?
¿Técnicos especializados?
¿Otros profesionales?
Aquí está el verdadero peligro de no discutir el tema desde ahora.
No podemos permitir que una necesidad puntual se convierta en la puerta de entrada a una política permanente de sustitución del talento nacional.
Panamá necesita especialistas, sí.
Pero la primera respuesta no puede ser importar indefinidamente lo que somos incapaces de formar.
Si faltan médicos especialistas, FORMEMOS MÉDICOS ESPECIALISTAS PANAMEÑOS.
Si faltan profesionales en determinadas áreas, INVIERTAMOS EN SU FORMACIÓN.
Y aquí aparece una contradicción que merece explicación.
El Gobierno habla de contención del gasto y de recortes presupuestarios, particularmente en sectores sociales, entre ellos Salud. El Ministerio de Salud solicitó para 2027 un presupuesto de B/.4,650 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó B/.3,844 millones, es decir, unos B/.806 millones menos, equivalente a una reducción del 17.3 % de lo solicitado.
Hora plantea utilizar recursos públicos para contratar profesionales extranjeros.
¿Cuánto costará traerlos?
¿Y cuánto costaría formar a nuestros propios especialistas?
¿Por qué no invertir esos recursos en más residencias médicas, becas, capacitación, infraestructura hospitalaria y mejores condiciones laborales para que nuestros profesionales permanezcan en Panamá?
No se trata de xenofobia.
Se trata de soberanía profesional y de prioridades nacionales.
Los profesionales extranjeros pueden ser necesarios cuando exista una carencia real y comprobada, pero eso debe ser una excepción, con reglas claras y por el tiempo estrictamente necesario.
Lo que Panamá no puede aceptar es que, bajo el argumento de la escasez, terminemos construyendo un modelo donde resulte más fácil comprar profesionales afuera que formar a los nuestros.
Y aquí el llamado es a estar vigilantes.
El autoproclamado “Gobierno de Empresarios” pretende ampliar la apertura de los servicios profesionales, el país tiene derecho a conocer qué se está negociando, qué se pretende implementar y quiénes serán los verdaderos beneficiarios.
Panamá no puede convertirse simplemente en un mercado abierto para profesionales de todo el mundo mientras nuestros jóvenes enfrentan dificultades para estudiar, especializarse y conseguir oportunidades.
PRIMERO FORMEMOS A LOS PANAMEÑOS.
Después, cuando sea indispensable, recurramos al talento
extranjero.
Una cosa es abrir las puertas al mundo.
Y otra muy distinta es cerrarles las puertas a los panameños
