Dada la gravedad y la temeridad de semejante actuación, tanto la Administradora como los miembros de la Junta Directiva, con dicha acción; permitieron que la arbitrariedad y la corrupción destruyan la tradición de la administración del Canal como una entidad que no debe manejarse de conformidad con influencia política del gobierno de turno, ni presiones externas, es decir la politización de esta entidad de todos los panameños, es por lo que, dada su cohonestación, deben poner todos, desde la administradora, y toda la junta Directiva sus puestos a disposición al haber transgredido abiertamente el orden legal debidamente establecido y favorecer un tipo de peculado que afecta sensiblemente a las arcas públicas y se alienta con ello la corrupción que le ha hecho tanto daño al país.
Si existe alguna presión de algún país extranjero interesado en tener control militar de nuestro Canal, nuestros funcionarios jamás deben prestarse para disminuir en su dignidad y soberanía a los panameños, porque ello representa una clara traición a la patria que está penalizada en nuestro Código Penal vigente.
