Por considerarlo de interés a nuestros lectores, damos a conocer el discurso oficial de la Embajadora Xu Xueyuan en la Presentación de Exposiciones de China «Enlazando Panamá y China. Entablando Amistad. Entrando al Futuro»

Distinguidos invitados, señoras y señores:

¡Muy buenos días!

Me alegra mucho reunirme con todos ustedes en la Presentación de Exposiciones de China «Enlazando Panamá y China. Entablando Amistad. Entrando al Futuro». En primer lugar, permítanme, en nombre de la Embajada de China en Panamá, dar una cálida bienvenida a todos los presentes y expresar mi más sincero agradecimiento a los amigos de todos los sectores que han apoyado y contribuido durante mucho tiempo a la cooperación entre China y Panamá.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en dos mil diecisiete (2017) , la cooperación económica y comercial entre China y Panamá ha recorrido un extraordinario camino de nueve (9) años, cosechando frutos abundantes. El volumen del comercio bilateral se ha duplicado de seis mil trescientos ochenta millones (6,380) de dólares en dos mil dieciséis (2016) a doce mil ochocientos sesenta millones (12,860) de dólares en dos mil veinticinco (2025) . Panamá se ha convertido en el mayor socio comercial de China en América Central, y China se mantiene como el mayor proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo usuario del Canal de Panamá. La inversión directa de China en Panamá saltó de doscientos setenta millones (270) de dólares antes del establecimiento de relaciones diplomáticas a mil setecientos cuarenta millones (1,740) de dólares en dos mil veinticuatro (2024) , aumentando más de seis (6) veces. Actualmente, más de doscientas (200) empresas chinas invierten y operan en Panamá, de las cuales más de cuarenta (40) son grandes corporaciones multinacionales, y más de veinte (20) han establecido aquí sus sedes regionales, abarcando sectores como finanzas, tecnología, telecomunicaciones, logística, infraestructura, entre otros, generando alrededor de nueve mil (9000) empleos directos de alta calidad e innumerables empleos indirectos. La cooperación en el sector marítimo también es un pilar importante de la relación bilateral. El Acuerdo sobre Transporte Marítimo entre China y Panamá otorga a Panamá grandes beneficios fiscales. Un gran número de buques chinos se registran bajo el pabellón de conveniencia panameño, lo que contribuye a consolidar a Panamá como el país con el registro de buques más grande del mundo. China y Panamá también mantienen una buena comunicación y coordinación en el marco de la Organización Marítima Internacional.

En los últimos años, la cooperación en materia de ferias y exposiciones se ha convertido cada vez más en un nuevo y destacado aspecto de las relaciones económicas y comerciales entre China y Panamá. China ha organizado durante varios años consecutivos grandes delegaciones para participar en Expocomer, siendo siempre el país con la mayor participación. En marzo de este año, cerca de ochenta (80) empresas chinas vinieron a Panamá a exhibir sus productos, logrando un volumen de intenciones de transacción de treinta y uno coma nueve millones (31,9) de dólares, lo que representa un aumento del cuatro por ciento (4%) . Productos chinos de alta tecnología y alto valor añadido, como exoesqueletos robóticos, drones y sistemas inteligentes de seguridad, hicieron una aparición destacada, marcando una nueva tendencia en la vida inteligente en Panamá. Las empresas chinas también participan ampliamente en otras ferias celebradas en Panamá, como la Feria Internacional de David, la Feria Internacional de Azuero, ExpoMáquina, y la Feria de Neumáticos y Autopartes de Latinoamérica. Los automóviles de marca china, grúas de construcción y ambulancias, entre otros, suelen ser el centro de atención, mostrando el sólido poder del «Fabricado en China con Inteligencia» y proporcionando un fuerte respaldo para que Panamá consolide su posición como centro logístico y de distribución de equipos en la región.

Al mismo tiempo, esperamos sinceramente que todos los sectores de la sociedad panameña presten más atención y participen activamente en las ferias de alto nivel organizadas por China. Hoy, presentaremos especialmente a todos ustedes la Feria de Importación y Exportación de China, también conocida como la Feria de Cantón; la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE) y la Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE). Estas ferias tienen características propias y funciones complementarias, y juntas constituyen una ventana importante para la apertura de China al exterior.

Si usted es un comprador, la Feria de Cantón le ofrecerá una plataforma comercial integral con una amplia variedad de productos de buena calidad y precio atractivo, permitiéndole compartir fácilmente los beneficios del «Hecho en China». Si usted es un exportador, la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE) le proporcionará un «canal verde» para que productos agrícolas panameños de alta calidad como el café Geisha, frutas tropicales y langostinos congelados accedan más rápidamente al mercado chino. Si usted es una empresa de la cadena de suministro, la Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE) le ofrecerá una plataforma de conexión eficiente, permitiéndole integrarse profundamente en el núcleo de la cadena industrial global, creando valor y compartiendo un futuro próspero con sus socios de la cadena de suministro.

Panamá es uno de los países con mayor potencial de crecimiento económico de América Latina. Su estratégica posición geográfica y su vibrante economía de ferias y convenciones ofrecen condiciones favorables para profundizar la cooperación económica y comercial entre China y Panamá. China avanza firmemente en la apertura de alto nivel al exterior, creando continuamente plataformas de alto nivel como la Feria de Cantón, la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE) y la Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China (CISCE), que ofrecen más oportunidades de comercio, inversión y desarrollo a empresas de todo el mundo. Una China abierta e inclusiva, un Panamá lleno de potencial: nuestras perspectivas de cooperación son amplias y nuestro futuro es prometedor.

En los próximos pasos, la Embajada China seguirá apoyando activamente la participación de las empresas chinas en diversas ferias celebradas en Panamá, impulsando que más productos chinos lleguen a Panamá y sirvan a Panamá. Al mismo tiempo, damos una cordial bienvenida a las empresas, asociaciones comerciales y agencias de promoción de inversiones panameñas para que participen activamente en las importantes ferias de China. Estamos dispuestos a ofrecer servicios convenientes para la participación de las empresas panameñas en estas ferias, ayudarlas a conectar con los diversos recursos de ferias en China, para que más productos de alta calidad de Panamá lleguen al mercado chino, y así contribuir a mejorar, actualizar y elevar la cooperación entre China y Panamá a un nivel superior.

Finalmente, les deseo de antemano que esta presentación alcance un éxito total.

¡Muchas gracias a todos!

Abdiel Rodríguez Reyes

Doctor en Filosofía

Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Tréveris, considerada una de las ciudades más antiguas de Alemania. Quiero referirme a algunos aspectos biográficos a partir de la enjundiosa obra: Karl Marx. Ilusión y grandeza de Gareth Stedman Jones, profesor de la Universidad de Londres y miembro del King’s College de Cambridge. Esta obra salió publicada en el 2016 por la Harvard University Press.

El abuelo paterno de Marx se llamaba Meier Halevi Marx, rabino de la comunidad judía, el papá de Karl se llamó Heinrich Marx, pero a diferencia de su hermano Samuel se dedicó al derecho, llegando a un puesto importante, de ser consejero de la Corona, “era uno de los principales abogados y hombres más nobles de Renania”, mientras que Samuel Marx, continuó la tradición de rabinos hasta su muerte. Su madre se llamó Henriette Pressburg, también de una familia de origen judío y de comerciantes. Se casó con el padre de Karl en 1814 y tuvo 9 hijos. En 1824 los hijos del matrimonio se bautizaron en una iglesia evangélica protestante de Prusia.

Desde muy temprano el papá de Karl reconoció los “dones intelectuales” de su hijo. Ya en el primer lustro de la década del treinta del siglo XIX estudiará en el Gymnasium de Tréveris, lo cual equivale a una escuela secundaria. La mitad de los compañeros de Karl aspiraban a estudiar teología, este centro educativo se basaba en la ilustración alemana con la fórmula kantiana de atreverse a pensar, y bajo el designio que la República dependía de la formación. Esto es una cuestión muy seria para los alemanes. La educación que recibió Marx hacía hincapié en el griego, latín, la historia antigua, lengua y literatura alemanas, obteniendo buenas calificaciones.

Karl inició sus estudios universitarios en derecho, en la Universidad de Bonn, siguiendo el ejemplo de su padre. Tomó varios cursos de Derecho, así que también contó con una formación en jurisprudencia robusta. Sin embargo, esto no era lo que le apasionaba, a finales de 1836 se trasladó hacia la Universidad de Berlín. Para esas mismas fechas se enamoró de Jenny von Westphalen, su futura esposa y madre de sus hijos, cuatro años mayor que él, también incursionó en la poesía, pero tanto su padre como la realidad lo apartó de ese destino.

A finales de 1836 llegó a Berlín y las cosas cambiaron. Karl entraba a la Universidad creada por Humboldt. Su primer director fue el gran filósofo Gottlieb Fichte. Para la fecha, era considerada una de las mejores universidades del mundo. A pesar de que el joven Karl todavía seguía con el plan de estudiar Leyes eso cambiaría.

En 1839 Karl emprendió su doctorado que culminaría en Jena, pero en filosofía. En esos años se fue acercando al hegelianismo. Había un profesor en la Facultad de Leyes, Eduard Gans, muy cercano y amigo de Hegel que incluso le correspondió preparar algunas ediciones de obras póstumas del propio Hegel. Así concurrieron los primeros años de Karl, donde no siguió la carrera de su padre y tampoco será poeta, sino filósofo y gran revolucionario. Pasó a la historia como un gran intelectual revolucionario autor entre otros libros de El capital. En esta ocasión solamente quería conmemorar la fecha de su nacimiento resaltando estos aspectos biográficos.

Karl Marx y su hija, Jenny Marx, en Londres (1869)

Pero no quiero culminar este artículo sin recomendar que la mejor conmemoración a un autor es leyéndolo en sus fuentes. El maestro José María Ripalda en una ocasión recomendó considerando la grandeza de Marx, leerlo en dosis. En ese sentido, recomiendo leer la Ontología de Marx editada por Constantino Bértolo, intitulada Llamando a las puertas de la revolución por Penguin Clásicos.

Por: Ramiro Guerra.

Jurista, Escritor Y Cientista Político.

Inflación Con Recesión, Estanflación.

Hay una caída fuerte en el marcado, en lo que se refiere a circulante, a pesar que tradicionalmente ésta época siempre aumenta el movimiento económico en general.

Lo anterior se traduce en una caída del consumo, en áreas importante (sectores de la economía) combinado con un alza en los precios y fijación de intereses altos (intereses) en lo relativo al dólar. La banca se desempeña con mucha cautela, lo que  contribuye a contraer aún más, el consumo de bienes y servicios en general.

El gobierno, a pesar de que ha incursionado en el mercado mundial, buscando inversiones, los resultados han sido pobres o inexistentes, por causa de varios factores entre los cuales la corrupción local ahuyenta a los inversores serios.

Son tiempos donde el ruido de tambores de guerra y por lo tanto el capital se mueve con mucha cautela.

Lo anterior da cuenta, de una luz intermitente, que presagia un desastre.

La situación huele a peligro. En estos escenarios el régimen y los empleadores, como siempre, darán impulso a políticas, dirigidas a que los trabajadores y el pueblo paguen los platos rotos, producto de un esquema de economía repetitiva (neoliberal) que no es capaz de generar desarrollo.

En este escenario, el gobierno sigue en la misma línea del gobierno anterior, es decir, recurrir al endeudamiento para no naufragar; sin embargo la deuda crece y seguirá creciendo, sin que la economía se desarrolle; todo lo contrario complica el desarrollo.

Lo anterior explica, el grado de desesperación que enfrenta el gobierno y la clase empresarial, que juega a imponer la presencia de First Quantum. Muy a pesar de leyes y sentencias de la Corte Suprema, que le pusieron un candado a ese tipo de negocio e inversiones.

El gobierno, la empresa privada, a mi juicio sobreestiman el valor agregado que pueda generar esa empresa. No comparto la tesis que la solución de crisis que enfrenta la economía, pasa por la presencia de esa empresa.

Al gobierno de Panamá, le pasará lo mismo que al gobierno de Argentina. USA, ha destinado 40 mil millones, sin embargo economista de ese país, ya apuntan a señalar que su país seguirá en una crisis ascendente. El fondo del problema, es el modelo de una economía, que siempre apuesta, a agravar la crisis, golpeando duramente a los sectores de abajo haciéndolos más pobres y más desempleados.

Además, en el caso de nuestro país, el gobierno pudiendo disponer de ingresos, se hace cómplice con la clase económica, en lo que se refiere a la gigantesca evasión en el pago de los impuestos.

El gobierno, no entiende que una crisis como la que estamos viviendo, hay que disponer de políticas a acrecentar la circulación en la población. Hace todo lo contrario, recién el presidente Mulino, no sancionó la ley, que disponía que todo asegurado que en periodo de vigencia de la póliza y no haya tenido o incurrido en el riesgo contratado, tendrá un descuento al año siguiente de la contratación publica.

Obvio, tratándose de un gobierno que se ha definido como de la empresa, toda política que signifique rescatar dinero para la circulación en el mercado, no pasará. (como ocurre con el manejo fraudulento en el pago de impuestos (mas de 10 mil millones de dólares).

Somos del criterio que hay que darle un giro de 180 grado a la economía; una que propenda a políticas de cara al desarrollo y eso se logra con una política de reparto social con equidad.

No nos venga con el cuento, que lo planteado es izquierdismo. Lo que si es obvio, tenemos a neoliberales dirigiendo la economía y esa gente no tiene alma y tampoco corazón.

Por: José Dídimo Escobar Samaniego

A mí me criaron mis padres bajo el principio de la austeridad y de que nos arropábamos hasta donde la manta alcanzaba. En consecuencia, no teníamos nada suntuoso, no desperdiciamos ni comida, ni dinero en lo que no era necesario y no le dábamos cabida a la vanidad, que hace que las personas presuman una condición que no tienen, ni pueden sostener.

Vivir aterrizados en el suelo es; lo que aconsejan las actuales circunstancias, de una seria crisis económica sistémica que, venía desde hace rato limitando y disminuyendo paulatinamente el crecimiento económico y peor aun, diezmando el desarrollo económico social que, son cosas muy distintas.

Durante más de 25 años, hubo crecimiento económico alto, pero eso no se reflejó en desarrollo humano. Después de la privatización de los servicios públicos y de la venta de las empresas públicas, la riqueza nacional se concentró en pocas manos y más de un millón y medio de panameño resultaron “promovidos” hacia una pobreza sempiterna, mientras que los beneficiados con el negocio de la privatización, se llevan millones y millones de ganancias, en donde solo invirtieron una guayaba, en lo que es un escape de divisas que genera escases de liquidez que, por supuesto, no es invertida en el desarrollo nacional, sino que sirve a otras economías de las metrópolis.

El Estado era numeroso en su planilla, porque tenía recursos de dónde echar mano para financiarse. En ese entonces el Estado era motor de la economía. Solo el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel), además de generar 3,600 empleos directos, muy bien remunerados, impactaba, además, en cerca de 20 mil empleos indirectos y aportaba al Estado directamente 150 millones anuales, lo que representa casi 210 millones de dólares a valor presente. El IRHE representaba el doble de empleos, de impacto en la economía y de ingresos directos al Estado casi 500 millones de dólares. Hoy, todos esos ingresos han ido a parar por 28 años a manos de privados que se han encontrado una mina de oro en los servicios públicos del pueblo panameño, que están encarecidos supremamente. Ahora el Estado, su tamaño financiero en planilla, es cuatro veces más grande que antes, sin que sus servicios sean más eficientes y con ese sector empresarial que además es dueño de los servicios públicos, evadiendo al fisco por un valor de más de 10 mil millones de dólares anuales en su conjunto.

En el manejo de la cuestión económica del país, y en la elaboración de la Ley de presupuesto para el año fiscal, 2026, lo que se puede observar, sin ser experto, es una conducta de una incomprensión o desconocimiento deliberado de la situación, porque ese proyecto que acaba de ser aprobado y que ahora es Ley de la República, no atiende el concepto de austeridad y en muchos casos, por el contrario, el aumento en la planilla y no precisamente para el área de salud y educación, sino en servicios personales, es decir, contratos por servicios profesionales, alquileres y la satisfacción de las necesidades del clientelismo, son evidentes, como igualmente injustificables, y especialmente el aumento del financiamiento de las fuerzas de represión de forma inaudita.

El actual gobierno empresarial del Estado, ha rehusado invertir en la reactivación de la pequeña y mediana empresa, pero recientemente el gobierno pasado apoyó a la Banca privada  con más de tres mil millones de dólares, que no producen casi nada de ingresos al fisco, pero sí genera altas ganancias para el capital financiero privado. Es decir aquí se ha apoyado sostenidamente a los que más tienen, dejando de un lado a los que pudieran generar nuevos empleos sanos.

Hacernos “los chivos locos” y mantener gastos suntuosos, y como si nada extraordinario pasara en el país y en el mundo, es una actitud, más que irresponsable y peor aún, recurrir sempiternamente a pedir prestado para mantener hasta lujos, en medio de la pobreza y la corrupción manifiesta, es no tener ninguna consideración con las futuras generaciones que tendrán que asumir las consecuencias de la suprema irresponsabilidad presente.

Pedir prestado y llevar al país a una situación peligrosa de manejo de la deuda, equivale a hipotecar soberanía y la independencia del país. Es liquidar toda posibilidad de desarrollo y autonomía de las actuales y futuras generaciones. Hoy debemos más de treinta sesenta mil millones de dólares,  y el gobierno actual lleva más de cinco mil millones de dólares prestados, incluso pedir prestado para pagar deuda, lo cual es un despropósito.

Esto no es sostenible en el tiempo, no es sostenible ni para la calidad de las finanzas públicas, ni para el país», sin embargo, se aferran al endeudamiento externo, pero sin precisar que dichos recursos son para invertir en áreas de nuestra economía que generen un factor multiplicador, y no para mantener una alta planilla, privilegios, aumentos inmorales de salarios y lujos insostenibles en medio de la dramática situación del país, como realmente lo estamos viviendo.

Supuse que lejos de pedir prestado, habría un recorte de gastos, no solo en viáticos internacionales, que nos ajustaríamos las correas y hacemos que todos, sin excepción, asumamos la carga tributaria conforme a la capacidad de cada cual, principio fundamental de la justicia tributaria, pero parece que me equivoqué. Hay quienes prefieren arroparse con la manta de nuestros nietos y bisnietos, que cuando crezcan o nazcan, ya no tendrán un país libre, sino grilletes que les heredamos ahora, porque lejos de asumir una conducta responsable conforme al drama que nos ha tocado vivir, nos hemos dejado arrastrar por la decrepitud, por la corrupción y el hedonismo.

Pareciera que toda esta decrepitud está dirigida a generar una grave crisis en donde puedan, los que gobiernan, justificar la imposición de la reapertura de la mina en Donoso, a cuenta de salvar a la nación, por encima del Estado de Derecho y la Constitución Política y terminemos dándole gracias a FQM por el rescate, mientras nos roban nuestra riqueza mineral y destruyen nuestras condiciones para la vida en el territorio nacional.

Que nuestro Dios Eterno y Misericordioso permita que abramos los ojos, y nos apartemos oportunamente del peligroso abismo en donde la ignorancia conveniente quiere que nos precipitemos.

¡Así de sencilla es la cosa!

Juan Jované

Dada la muy significativa apertura económica y financiera de la economía panameña, resulta evidente que la evaluación de cualquier política económica debe hacerse teniendo en cuenta el contexto internacional en que la misma se hace. Es así que la valoración del Presupuesto General del Estado Para la Vigencia 2026, pasa por tener clara la situación económica a nivel global. Esta, obviamente, no muestra una tendencia especialmente expansiva.

Solo con el fin de dar un ejemplo de los pronósticos, se puede señalar que la reciente publicación del FMI, titulada World Economic Outlook (Octuber, 2025), destaca que “persisten graves dudas acerca de la estabilidad y la trayectoria de la economía mundial.” De acuerdo a esto, tomando en cuenta los factores desatados por la política de Trump, agrega que: “las economías, las instituciones y los mercados del mundo han ido adaptándose a un panorama caracterizado por el aumento de proteccionismo y una mayor fragmentación, con sombrías perspectivas de crecimiento a mediano plazo que exigen una recalibración de las políticas macroeconómicas.”

Mas allá de lo anterior, dada la relación entre la economía panameña y la norteamericana, también resulta útil destacar que Paul Krugman (Premio Nobel de Economía  2008), en un reciente artículo publicado bajo el título The U.S. Economy is in Worse Shape Than it Looks, llama la atención sobre el práctico estancamiento de la economía de Estados Unidos. Este autor argumenta con hechos que la misma aún no ha caído en situación recesiva, gracias a la inversión en centros de datos con inteligencia artificial. Incluso se ha comentado que esta inversión puede ser en realidad una burbuja, la que explotaría en algún momento.

A ello se deberá añadir que la política errática de Trump con respecto a los aranceles, no solo genera una incertidumbre global que impacta negativamente la inversión, sino que también genera una inflación que ya aparece claramente a nivel de las estadísticas. El último informe del U. S. Bureu of Labor Statistics, referente al mes de septiembre de 2025, se establece que el crecimiento anual del índice de precios al consumidor de Estados Unidos creció en 3.0% en el último año, cifra alejada de la meta de la Reserva Federal (2.0%). Esto amenaza con una situación de estanflación.

De lo anterior se desprende que el contexto internacional en que se deberá desenvolver la economía panameña en el 2025 no apunta hacia el auge, sino hacia la recesión, por lo menos hacia el estancamiento con inflación. Incluso el Outlook del FMI antes citado, señala la posible afectación a las cadenas de valor internacional, lo cual sería un resultado negativo importante para nuestra economía.

La consulta a cualquier texto de principios de economía llamaría la atención que, en las condiciones antes descritas, que apuntan hacia la baja, el Estado debería llevar a cabo una política económica anticíclica, en la que el gasto público se utilizaría para sostener la demanda efectiva, la actividad económica y el empleo.

En lugar de esto, el señor Chapman ha propuesto, con la complacencia del Conep, el Ejecutivo y la mayoría de la Asamblea, una política procíclica, de contención y reducción significativa del gasto público. Se trata, entonces de una política procíclica, que daña los intereses de las grandes mayorías de la población, quienes dependen de lograr un empleo, así como de la cantidad y calidad de los servicios públicos.

Los argumentos del señor Chapman, genuino representante de los intereses de los sectores económicamente dominantes del país, destinadas a justificar su propuesta presupuestaria se sostienen en narrativas construidos sobre falacias.

En primer lugar, el señor Chapman, argumenta que la contracción del gasto público es inevitable, debido a la insostenible situación deficitaria fiscal, que estaría amenazando con la pérdida del grado de inversión, la cual perjudicaría los intereses del capital financiero local.

Chapman, olvida, de manera muy conveniente para el sector social que representa, que el balance presupuestario se puede lograr no solo reduciendo el nivel del gasto, también se puede alcanzar incrementado los ingresos. Este último camino, sin incrementar las tasas impositivas, lleva a la necesidad de reducir significativamente la evasión y elusión tributaria de la empresa privada. La magnitud de la misma, según las últimas estadísticas disponibles de la DGI, alcanzan a una suma anual total de B/. 10,864.4 millones (13.1% del PIB). Se trata, obviamente, de un camino que el actual gobierno es incapaz de seguir.

Un segundo argumento que utiliza el señor Chapman, que se evidencia muy claramente en el caso del ITSE, se basa en el bajo nivel de ejecución del presupuesto por parte de los aparatos estatales. Esto lo hace acusando a los administradores de los mismos de incapacidad, sin ofrecer otras posibles explicaciones, como puede ser su propia política de contención del gasto.

Lo que evita en este caso el sr. Chapman es que, si su argumento fuera cierto, entonces la solución no se encontraría en negarle recursos a los gastos necesarios para la atención de la población y el desarrollo sostenible. La misma se encontraría en admitir el fracaso del actual gobierno del señor Mulino y el cambio inmediato de sus administradores.

En realidad, a nuestro juicio, el presupuesto Mulino – Chapman busca una forma de equilibrio fiscal que no implique sacrificio para los sectores económicamente dominantes. El esfuerzo, consecuentemente lo debe cargar la población. Esto explica la distorsión que significa el enorme presupuesto de los aparatos represivos que hacen parte del Ministerio de Seguridad.

Victoriano Rodríguez Santos

Un gabinete empresarial altamente cubierto de ineptitud.

Se escucha al ministro de economía Guillermo Chapman hablar sobre la lloradera que tienen algunos administradores públicos (ministros, directores u otros), con respecto a lo que llaman la disminución de su presupuesto, para el año siguiente.

La razón, para la humilde opinión de conocedores sobre el tema, es que el ministro Chapman tiene razón en su exposición. No se está disminuyendo el presupuesto. Se está restringiendo el abuso en la presentación de esa proyección matemática.

Ahora, ¿de quién es la responsabilidad, de que esos ministros, vice ministros, gerentes, directores y otros administradores no sepan, no puedan o sean incapaces de presentar un presupuesto apegado a la realidad de su institución? La pregunta es necia. Al presidente Mulino. Fue el que los nombró y sin valuar el código de Ética.

¿Por qué él? Por nombrar los ministros y/o directores, con carencias administrativas y presupuestarias, por lo cual parecieran incompetentes, incapaces y desconocedores de cómo se ejecuta y se elabora el presupuesto en las instituciones del Estado. No es lo mismo administrar una empresa o consocio que una institución estatal.

Por suerte, bastante claro, pudiéramos entenderle al ministro, que no se les puede dar más de la porción que alcanzaron a utilizar, en el presupuesto anterior. Coño. ¡Trabajen y ejecuten! ¡No duerman sobre el presupuesto!

Si no pudieron, no supieron o no quisieron ejecutar un presupuesto de 100. ¿Por qué ahora quieren 150? Ahora, para no utilizar el vocablo mímico del presidente Mulino en su conferencia de prensa, que respondan los que lloran y por escrito. ¡Que sustenten con razones válidas!

Si un administrador, desde el subdirector(a) administrativo, hasta el ministro o director general, no sabe o no puede ejecutar lo que tenía anteriormente: ¿qué razón tiene para pedir que se le aumente el presupuesto anterior? En mi tierra le llaman «una caballada». Si tienen dudas pregúntenle al presidente que significa.

Por eso no alcanza para materializar el presupuesto en salud y le niegan los siete (7) millones al Oncológico, pero los tienen programados y cuidados que comprometidos con la presunta casa de orgias y borracheras, la villa alegre.

Adelante ministro Chapman, hasta este momento, la población ha entendido quienes son los capaces de la empresa privada, pero incapaces para administrar bien y ejecutar el presupuesto de los recursos del Estado. Soy el Hijo de Juana. Dios te salve, Panamá.

Economista, educador. master en Recursos Humanos.

Juan Jované

Pese a que la cúpula empresarial, con sus conocidas retóricas demagógicas, han insistido desde hace ya bastante tiempo en la prioridad de la educación como eje central del progreso, lo cierto es que su gobierno, encabezado por el señor Mulino, con la participación del señor Chapman y la señora Molinar, parecen decididos a arruinar la educación oficial pública.

Es así que, no solo es cierto que, de acuerdo a la información contenida en el artículo titulado Recortes millonarios y muertes sin respuesta: el abandono del Estado a la educación pública, publicado en La Estrella de Panamá, el 22 de septiembre, el actual gobierno apenas ha logrado en lo que va del año un gasto en educación igual al 1.8% del PIB. Esto hace prácticamente imposible que se logre cumplir con el presupuesto asignado equivalente al 7.0% del PIB que exige la Ley vigente (B/ 5,380 millones).

Gran parte de esta subejecución, pese a la notoria carecía de infraestructuras adecuadas para la educación, se refleja en la incapacidad demostrada por el MEDUCA de ejecutar su presupuesto de inversiones. Es así que, para ilustrar la situación se puede señalar que esta institución apenas ha logrado ejecutar el 37.9% de su presupuesto de inversión.

Pese a esta situación que, sin duda profundiza la crisis de la educación panameña, en el presupuesto presentado a la asamblea por el señor Chapman, en lugar de asignar el 7.0% del PIB a la educación pública, que significaría un monto de B/ 6,417.2 millones (usando la proyección del FMI del PIB 2025), contiene una drástica reducción del presupuesto de 2026 para la educación.

Todo esto lleva a una pregunta fundamental: ¿Cuáles son las causas que impulsan al actual gobierno a negarle los necesarios recursos a la educación oficial pública? Es posible pensar en varias respuestas.

Se puede pensar que la causa más inmediata que lleva al gobierno de turno a impactar financieramente la educación es su interés de cumplir con los requisitos de compactación fiscal, impuestos por los organismos financieros internacionales, el capital financiero globalizado y los sectores económicamente dominantes locales. Sin embargo, esta no parece ser la única razón, lo que lleva a pensar en algunos factores estructurales.

Es conocido el hecho que la ideología neoliberal, que es la base del gobierno de la empresa privada que hoy sufre el país, en realidad no acepta la idea de derechos universales, que deban ser proveídos de manera suficiente por el Estado a todos los ciudadanos. La idea de una desigualdad es concomitante a esa ideología. Es así, por ejemplo, que F. A. Hayek, en su libro Constitución de la Libertad, afirma que “tan ventajoso es para la comunidad que al menos algunos niños puedan iniciar su carrera en vida con las ventajas que solo las casas ricas pueden ofrecer… “.

Detrás de esta envoltura ideológica se esconde la idea de que la educación puede ser tratada como una mercancía, cuya generación abre un campo a las ganancias privadas y la acumulación de capitales. Esto ya sea directamente por el colapso del sistema educativo oficial – público, inducido por la falta de financiamiento, o indirectamente por la implantación del sistema de las escuelas subrogadas, propuesto por Milton Friedman.

A todo esto, se suma el objetivo de los sectores económicamente poderosos de lograr un sistema educativo segmentado, con una educación para las elites dominantes y otro para los sectores subalternos. Este objetivo busca, además, hacer pasivos social y políticamente a estos sectores subalternos, se trata de un elemento destinado a asegurar la hegemonía del bloque dominante.

En este contexto las acciones guiadas a lograr un presupuesto decente para la educación, se debe enmarcar en la lucha contra la política de choque del gobierno de turno, esto es hermanada a la lucha por la afirmación de la soberanía nacional, por un seguro social solidario, contra la minería metálica a cielo abierto y contra la desposesión de los pobladores de Rio Indio. Se trata de construir un futuro independiente con democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental.

Por: Luis Carlos Amado Arosemena

Maestro Economista – CIDE

Mediante el Acuerdo No. 407 del 18 de julio de 2024, publicado en Gaceta Oficial el viernes 8 de agosto de 2025, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial, el cual, según lo expuesto en el considerando, buscaba “fortalecer su independencia e imparcialidad” y crear mejores condiciones laborales.  Dicho acuerdo hacia énfasis en que a partir de la fecha en que los Magistrados adquirierán el derecho a la jubilación recibirían el 100% de la suma correspondiente al último salario devengado.

La Caja de Seguro Social asumirá el límite de las pensiones que por ley le correspondan al magistrado y el resto lo cubrirá la institución. El documento además indicaba, que si al magistrado se le vence su periodo o se retira de la institución antes de jubilarse, tendrá derechos adquiridos una vez llegue a la edad requerida. Según lo que establece el acuerdo, el detalle por cargo, el porcentaje de la compensación y las fuentes de pago son las siguientes:

De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, este fondo de compensación actualmente beneficiará a 133 jueces y magistrados, de un total de 519 que integran la Corporación de Justicia, lo que representa el 26% de este personal que ya se encuentra en edad de retiro o de  jubilación, sin excluir a los jueces y magistrados que a futuro reciban el beneficio.

El jueves 21 de agosto de 2025, mediante decisión adoptada por el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo No. 614, procedieron a dejar sin efecto el Acuerdo No. 407 de 18 de julio de 2024, que establecía la creación del fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial.

No obstante, esta decisión de dejar sin efecto el Acuerdo No.407, algunos análisis realizados sobre la Planilla del Órgano Judicial al 1 de agosto de 2025, nos merece algunos comentarios que les queremos compartir, pues es evidente que mucha información importante no se dio a conocer, para que la ciudadanía se diera por enterada y contara con los elementos necesarios para hacer su propio juicio, sobre el contenido del documento publicado en Gaceta. Ello nos motivó, a preparar este documento, para dejar plasmado mediante los datos de la propia planilla en que debió fundamentarse el Acuerdo de Compensación, resultados cuantificados y ordenados, tratando de aclarar algunos señalamientos, partiendo de que aquello que no se puede medir, no es factible mejorarlo.

La Planilla del Órgano Judicial al 1 de agosto de 2025. 

A la fecha el total de funcionarios del Órgano Judicial es el siguiente:

Nota: De la fuente donde obtuvimos la planilla para el análisis, no se encontraba disponible  el detalle de los sobresueldos, razón por la cual la información se omitió.

Del total de los 6,858 funcionarios del Órgano Judicial al 1 de agosto, el detalle según estatus laboral (Estado del Cargo), por número (cantidad de funcionarios), así como los Salarios y Gastos de Representación pagados es el siguiente:

Si bien el Acuerdo No.407, planteaba otorgar el beneficio de la compensación a los jueces y magistrados, es importante observar que, estos funcionarios desempeñan  dichos cargos bajo los siguientes estatus laborales; Eventual, Interino Abierto y Permanente, únicamente en el estatus de Periodo Probatorio 1 año, no se encontró funcionarios con los cargos de Jueces y Magistrados.

El detalle de los Jueces y Magistrados, cuyos cargos serán en adelante el objeto de nuestro análisis es el siguiente:

Como se observa en el caso de Jueces y Magistrados, a la fecha del análisis se encontró que lo formaban un total de 563 funcionarios, con 413 funcionarios bajo el estatus de Eventual, 1 bajo el estatus de Interino Abierto y 149 Jueces y Magistrados bajo el estatus de funcionarios Permanentes.

La distribución de los 149 Jueces y Magistrados con el estatus de permanentes, de acuerdo al cargo que desempeñan, el número, monto del salario y gastos de representación pagados es la siguiente:

Al analizar los 149 Jueces y Magistrados permanentes distribuidos por edad, encontramos que sus edades varían entre los 33 y los 88 años.

Como se observa, 108 funcionarios del total es decir el 72.48 % contaban con una edad menor a los 66 años, destacando la necesidad de desglosar la clase de los 51.1 a los 66 años que incluye las edades de referencia de 57 años las mujeres y 62 años los hombres, para determinar con más precisión, quiénes habían adquirido el derecho a la jubilación o estaban próximos a adquirirlo. Resalta el hecho en el análisis por edades, que se encuentran activos en el OJ un total de 6 Jueces y Magistrados permanentes, con edades entre los 77.1 y los 88 años.

Es importante destacar que en el análisis no se estableció la variable sexo, lo que limito precisar con certeza el número de Jubilados de acuerdo con las edades de referencia de 57 y 62 años. No obstante, al realizar una distribución de frecuencias dentro de la clase de 55.1 a los 66.0 años se observa, que entre los 55.1 y los 57.2 años hay un total de 10 funcionarios, con lo cual 50 funcionarios tienen una edad superior a los 57.2 años. 34 funcionarios cuentan con una edad superior a los 61.6 años, lo que incluye la edad de referencia de hombres y mujeres, por lo que incluyendo los jueces y magistrados con el derecho a jubilación adquirido resultado del desglose de la clase de los 51.1 a los 66 años, el número más cierto de funcionarios con el derecho adquirido serían 75 en total, considerando el no haber discriminado por género.

Cuando revisábamos la distribución por edad de los Jueces y Magistrado, resulto que en la clase que va de los 77.1 a los 88 años, se encuentran 6 funcionarios, el detalle de los que integran esta clase es el siguiente:

Si atendemos al caso puntual de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, encontramos que a la fecha 7 de los 9 magistrados, es decir el 77.8 %  ya han adquirido el derecho a la jubilación, al contar con las edades de referencia cumplidas, tal y como se presenta a continuación.

Tal y como se puede observar, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia; Angela de Cedeño 66 años, Ariadne García 59 años, Carlos Vásquez 62 años, Cecilio Cedalise 65 años, María Eugenia López 70 años, Maribel Cornejo 61 años, Miriam Cheng 71 años de acuerdo a las edades de referencia ya cuentan con el derecho a la jubilación (Ley # 462 de 2025). Solo los magistrados María Cheng con 53 años y Olmedo Arrocha con 56 años aun no han adquirido el derecho.

Habiendo adicionado al análisis la información de las edad de Jueces y Magistrados, un aspecto que consideramos de interés fue ver los Años de Servicio (antigüedad en el cargo) de los señores magistrados de la corte, de acuerdo al detalle de la planilla, ninguno a la fecha tiene registrados más de 10 años de servicio, por lo que al no tener un mayor número de años de servicios, una primera aproximación destacaría que 10 años de servicio parece no ser una variable que pueda justificar años de compromiso con el cargo desempeñado, como para generar una compensación de retiro con el último salario.

Hemos visto los cargos, el número de funcionarios, la edad cumplida, los años de servicio en el Órgano Judicial, restaría para cerrar darle una mirada a las remuneraciones que reciben los jueces y magistrados permanentes.

Es oportuno señalar que, al aplicar el método estadístico para establecer el número de clases, amplitud y construir una distribución de frecuencias para los salarios devengados y el monto en gastos de representación pagado en cada tramo, para un valor inicial de B/.3,500.00 y un valor final de B/. 10,263.80 con un total de 149 observaciones, resultaron 8 clases, con una amplitud de B/.845.50, no obstante, decidimos presentar el resultado tabulado tal cual nos dio.  Hechas las cuentas, se obtuvo el siguiente resultado:

Como se observa, en total 140 jueces y magistrados devengan salarios que van de los B/.3,500.00 a los B/.4,345.50, lo que corresponde al 93.96% del total, la masa de salarios mensual pagados asciende a B/.567,623.53, los gastos de representación pagados a este grupo en total, asciende a B/.204,500.00. Nueve (9) funcionarios para el caso Magistrados de la Corte devengan salarios entre los B/.9,418.4 y los 10,263.80, lo que representa el 6.04% del total, este grupo devenga un monto total en salarios de B/. 91,657.80 y B/.36,000.00 en gastos de representación.

A TITULO DE CONCLUSIONES:

Si bien es cierto, que el jueves 21 de agosto de 2025, mediante decisión adoptada por el pleno de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo No. 614, procedieron a dejar sin efecto el Acuerdo No. 407 de 18 de julio de 2024, que establecía la creación del fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial. El haber dejado sin efecto este Acuerdo la consideramos una decisión oportuna y acertada, no obstante, haremos algunos señalamientos a título de conclusiones, para cumplir con la obligación de presentar resultados, luego de haber realizado un análisis.

1. Si bien el Órgano Judicial constituye uno de los tres Órganos que componen el Estado panameño, el sustentar la toma de una decisión que implica el desembolso de recursos basados en considerar que este órgano cuenta con AUTONOMIA FINANCIERA (esta se da cuando el ente económico genera los recursos suficientes y necesarios para sufragar sus propios gastos, es decir se autofinancia), la acción de reconsideración es válida, toda vez que este Acuerdo aprobaba un Programa o Plan llamado fondo de compensación por retiro para Jueces y Magistrados del Órgano Judicial, donde el pago de la compensación o prestación a que se refería se haría con cargo al Tesoro Nacional, a través del presupuesto que se asignará año tras año al Órgano Judicial. Este señalamiento del propio Acuerdo, hecha por tierra el poder considerar la decisión como propia del Órgano Judicial, fundamentada en una Autonomía Financiera que no existe, en conclusión, esta decisión administrativa no podía ser competencia del PLENO de la Corte.
2. En el Acuerdo se aprobaba el reconocimiento para los Magistrados o Magistradas de la Corte Suprema del cien por ciento (100%) de la suma correspondiente al último salario devengado, aunque se retire por cualquier causa sin que haya alcanzado el derecho a la jubilación de acuerdo con las edades de referencia establecidas en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, estableciendo además que tendrían derechos adquiridos para obtener esta compensación una vez alcance la jubilación. Esto último es un reconocimiento vitalicio que no poseen el servidor público en ninguna de las Leyes vigentes y mucho más si lo categoriza como un derecho adquirido, aunque haya salido por cualquier causa del cargo, al observar lo aprobado podemos concluir, que esta atribución trasciende las funciones y competencias del PLENO.
3. El ACUERDO, es un acto administrativo de competencia que posee el PLENO, para administrar justicia en cuidado a las disposiciones que están aprobadas en la Constitución o en una Ley. La materia de prestaciones económicas de la que trata el precitado ACUERDO, solo aparece debatida y aprobada en Leyes de interés social y de orden público.

Resultaba imperativo considerar el Articulo 277 de la Constitución Política Vigente que dice “No podrá hacerse ningún pago público que no haya sido autorizado de acuerdo a la Constitución o la ley”.

Sobre este particular tópico se hace necesario observar lo establecido en la Ley #8 de 6 de febrero de 1997, en lo siguiente:

Artículo 22.  A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, el Estado no sufragará el costo de ningún régimen especial de jubilación, salvo lo establecido en el artículo 1 y el régimen de jubilación de los miembros de la Fuerza Pública y de los miembros permanentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá”.

Artículo 23. Esta Ley deroga el artículo 31 de la Ley 15 de 1975, la Ley 16 de 1975, así como toda disposición que le sea contraria.

Artículo 24. La presente Ley es de orden público y de interés social y entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Me identifico con el propósito de generar mejores condiciones laborales para los Jueces y Magistrados tal cual lo encargan: el Grupo de Retos para la Administración de Justicia; el Estatuto del Juez Iberoamericano; el Protocolo Iberoamericano sobre Independencia y Responsabilidad Judicial, siempre que tal propósito sea aprobado mediante una Ley de interés social  y de orden público.

Con base en estas observaciones y tomando en cuenta el análisis de la planilla realizado, consideramos la decisión del PLENO de reconsiderar el  Acuerdo oportuna.

El 30/8, con foto incluida del Presidente Mulino y la del Presidente de Chiquita, Carlos López Flores, en la pág. 4-A de La Estrella, se anunció la firma del Memorando de Entendimiento para el reinicio de las operaciones de la multinacional en Bocas del Toro, a través de unidades agrícolas tercerizadas según amplió La Prensa (30/8, pág.1B).
Días antes, 28/8, Metro Libre (pág. 8) y en La Estrella, pág. 1B, se anunció que la estabilidad y seguridad jurídica eran garantías que el gobierno estaría ofreciendo a Chiquita para su retorno a B. del Toro.
En La Estrella del 31/8 (pág. 2A), se publica que Chiquita financiara la mayor parte de la inversión bananera.
En La Prensa, el 3/9 (pa.1B) se informa que Chiquita decidirá sobre la mano de obra que necesitará para reactivar la operación
El Pmá-América, (del 10/9, se informa que el Memorando se firmó el 9/9, contrario a la noticia de La Estrella del 30/8 que dijo que la firma ocurrió en el marco de la visita del sr. Mulino a Brasilia, Brasil.)
En el mismo Pma-América (pag.4 del 12/9, se divulgó puntualmente:
a) que el modelo que se emplearía en Bocas del Toro sería el de la Aparcería,
b) que Chiquita supervisara las labores agrícolas y comprara toda la producción.
Para los efectos de la reanudación de las labores, la Mtra. del Mitradel expresó, en el Pmá-América del 2/9, que el Sitraibana había dejado de existir por la suspensión de operaciones de la empresa y que para los trabajos a reanudarse las conversaciones se harían directamente con los trabajadores.
Con mejor puntería, el Mtro. del Mici, en el mismo periódico pero el 10/9, hizo hincapié en «que los sindicatos son un derecho y todos los trabajadores son libres de adherirse al sindicato que mas le guste».
Y ahora para dejar en claro que el opaco Memorando se está ejecutando, La Prensa (19/9) informó que Chiquita empezó la limpieza de las fincas como parte de la 1a. fase del Proyecto, según noticia de La Prensa del 30/8.
Fijados los antecedentes inmediatos, veamos lo del modelo de trabajo de la Aparcería pactado en el Memorando de Entendimiento entre Pmá-Chiquita, según el Código Agrario ateniéndonos a informaciones públicas no desmentidas por ningún oficialista.
En el Código Agrario, adoptado con la Ley 55 de 23/5/2011, existen los Contratos Agrarios y entre ellos, el Contrato de Aparcería o Mediería, Capítulo 111, arts. que van del 69 al 80, y el de la Aparcería Agrícola en la Sección 1a. del Capítulo 111, ya citado, arts. del 81 al 86.
El Contrato de Aparcería (art. 69) es un acuerdo donde el Aparcero o Dador se obliga a entregar al Aparcero Tomador, un predio agrícola, con o sin plantaciones, para cultivarlo con la finalidad de repartirse los frutos.
En su libro «Derecho Agrario Panameño», el Lic. Tristán Donoso, edición de 2018, plantea que las características del contrato agrario son:
1. Pueden pactarse en calidad de constitutivos o de cambio, donde el Aparcero o Dador se desvincula de los riesgos de la explotación ya que existe la contrapartida del dinero; o el de naturaleza asociativa en el que ambos comparten los riesgos.
2. Pueden darse en actividades rurales como urbanas.
3. Su duración se determinaría de acuerdo al ciclo biológico del producto agrícola.
4. Las cláusulas abusivas o que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en el Código Agrario, son nulas.
5. Son obligatoriamente escritos.
También existen la empresa agraria y las sociedades agrarias de producción dirigidas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.
Sr agrega a lo anterior que el Código Agrario alude a la integración vertical de la agricultura y los agronegocios a través de Contratos de Agroindustria, en el que se pacta la transformación de un producto agrario entre un industrial y un productor, y la denominada Agro comercialización entre un empresario o productor que entrega toda o parte de su producción a un comprador para que, éste se encargue de venderla, a cambio de un precio.
El Código señala que las diferencias que puedan surgir con ocasión de esos contratos se sujetan a la jurisdicción agraria.
Al día de hoy han pasado 23 días desde el anuncio de la firma en Brasil del Memorando de Entendimiento entre Pmá. y la Chiquita (29/8) y se le está aplicando a ese acuerdo la misma intriga, cálculos misteriosos, jeringonzas, discrepancias y doble lenguajes, como ocurrió (y sigue ocurriendo) con el Memorando de Entendimiento con EU de abril de 2025 sobre cooperación en materia de seguridad.
No podríamos adelantar criterios específicos sobre la Aparcería bananera en Bocas del Toro, dado el secretismo que rodea el acuerdo; pero a juzgar por lo que el gobierno ha dicho sobre lo pactado con Chiquita, habrán obvias consecuencias laborales pese a las delirantes y paradójicas declaraciones de la Mtra. de Trabajo.
Este ángulo laboral debemos verlo el próximo domingo con la expectativa de si llega a conocerse o no, el irreconocible Memorando de Entendimiento bananero.

Victoriano Rodríguez Santos

Medios informativos indican que empresas grandes facturan solo la mitad o menos, para así evadir impuestos.

Hace más de 30 años hice una publicación con relación a la negativa a entregar facturas, por algunos comerciantes, anomalía que se viene dando por décadas, a paciencia y conciencia de las autoridades que hacen poco o nada para remediar este mal endémico.

Hay empresarios, generalmente respaldados por malos gobiernos, que, con premeditación, alevosía y beneficio, hacen el atraco al Erario Público; desequilibrando a la población a través del descaro ineficiente en los sistemas de salud, educación, vivienda, luz eléctrica, calles en mal estado, camino de penetración y tantos otros, donde no escapa la Caja de Seguro Social (CSS), por lo cual el volumen de enfermos, principalmente niños desnutridos, aumenta considerablemente, cada año.

A empresas como a empresarios, y a quienes mal gobiernan, se les endosa o responsabiliza como promotores del desastre o vandalismo económico, en educación, salud, hambre y miseria que atraviesa Panamá.

Los evasores, como quienes mal gobiernan, son cómplices directos de tantas enfermedades que pululan en el ambiente y no solo en la niñez desnutrida, también en la vejez enferma.

Muchos ancianos sufren de cáncer, Alzheimer, insuficiencia renal, entre otras enfermedades crónicas y terminales, sin conocerse si pudiera ser producto de tantos medicamentos genéricos baratos. Ahora, al parecer se han disparado los infartos fulminantes, sin que haya explicación lógica, creíble y verdadera.

La evasión de impuestos no es un caso aislado. Se lo expusimos al profesor Rubén Darío Carles, más conocido como Chinchorro, cuando fue Contralor General de la República. Fue entonces cuando se originó, por primera vez, las rifas a través de facturas, situación que retoma este gobierno, pero bajo otras circunstancias, información y condiciones que explicaremos más adelante, en otra entrega.

Posteriormente hemos escrito sobre las empresas que no entregan factura haciendo alusión a empresas grandes, pero también a la gran mayoría de los restaurantes, los cuales presentan al cliente una pre factura, cobran, pero no entregan la factura de la Dirección General de Ingresos (DGI), limitándose a preguntarle al cliente si necesita la factura.

Cuando el cliente la solicita la factura de la DGI, demoran entre tres y 10 minutos en entregarla. Retardando al cliente, pero la DGI aún no sabe o no determina cómo hacer para multar a esas empresas (en otra entrega haremos sugerencias válidas y objetivas).

Una clara evasión de impuestos del cual la DGI debe estar totalmente clara y obviamente también el ministro de economía y finanzas, pero es casi nada lo que hacen porque esto, posiblemente, favorece a sus compinches parientes o a ellos mismos.

El gobierno de Mulino pide sacrificio al pueblo mientras los grandes empresarios o comerciantes inescrupulosos vandalizan la economía a través de la poca facturación o evasión de impuestos.

No hay peor vandalismo que perdonarle la deuda a los evasores de impuesto o a quiénes se aprovechan de los recursos de la nación, mientras les roban a los pobres, sea a través de la inescrupulosa pensión de la CSS, o el aumento indiscriminado de los medicamentos, alimentos, etc.

Las poblaciones de Indonesia, Nepal, Francia y otros países han demostrado a sus malos gobernantes, quien tiene el poder. «Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo» Dios te salve, Panamá.

Economista, educador y máster en Recursos Humanos.