El 30/8, con foto incluida del Presidente Mulino y la del Presidente de Chiquita, Carlos López Flores, en la pág. 4-A de La Estrella, se anunció la firma del Memorando de Entendimiento para el reinicio de las operaciones de la multinacional en Bocas del Toro, a través de unidades agrícolas tercerizadas según amplió La Prensa (30/8, pág.1B).
Días antes, 28/8, Metro Libre (pág. 8) y en La Estrella, pág. 1B, se anunció que la estabilidad y seguridad jurídica eran garantías que el gobierno estaría ofreciendo a Chiquita para su retorno a B. del Toro.
En La Estrella del 31/8 (pág. 2A), se publica que Chiquita financiara la mayor parte de la inversión bananera.
En La Prensa, el 3/9 (pa.1B) se informa que Chiquita decidirá sobre la mano de obra que necesitará para reactivar la operación
El Pmá-América, (del 10/9, se informa que el Memorando se firmó el 9/9, contrario a la noticia de La Estrella del 30/8 que dijo que la firma ocurrió en el marco de la visita del sr. Mulino a Brasilia, Brasil.)
En el mismo Pma-América (pag.4 del 12/9, se divulgó puntualmente:
a) que el modelo que se emplearía en Bocas del Toro sería el de la Aparcería,
b) que Chiquita supervisara las labores agrícolas y comprara toda la producción.
Para los efectos de la reanudación de las labores, la Mtra. del Mitradel expresó, en el Pmá-América del 2/9, que el Sitraibana había dejado de existir por la suspensión de operaciones de la empresa y que para los trabajos a reanudarse las conversaciones se harían directamente con los trabajadores.
Con mejor puntería, el Mtro. del Mici, en el mismo periódico pero el 10/9, hizo hincapié en «que los sindicatos son un derecho y todos los trabajadores son libres de adherirse al sindicato que mas le guste».
Y ahora para dejar en claro que el opaco Memorando se está ejecutando, La Prensa (19/9) informó que Chiquita empezó la limpieza de las fincas como parte de la 1a. fase del Proyecto, según noticia de La Prensa del 30/8.
Fijados los antecedentes inmediatos, veamos lo del modelo de trabajo de la Aparcería pactado en el Memorando de Entendimiento entre Pmá-Chiquita, según el Código Agrario ateniéndonos a informaciones públicas no desmentidas por ningún oficialista.
En el Código Agrario, adoptado con la Ley 55 de 23/5/2011, existen los Contratos Agrarios y entre ellos, el Contrato de Aparcería o Mediería, Capítulo 111, arts. que van del 69 al 80, y el de la Aparcería Agrícola en la Sección 1a. del Capítulo 111, ya citado, arts. del 81 al 86.
El Contrato de Aparcería (art. 69) es un acuerdo donde el Aparcero o Dador se obliga a entregar al Aparcero Tomador, un predio agrícola, con o sin plantaciones, para cultivarlo con la finalidad de repartirse los frutos.
En su libro «Derecho Agrario Panameño», el Lic. Tristán Donoso, edición de 2018, plantea que las características del contrato agrario son:
1. Pueden pactarse en calidad de constitutivos o de cambio, donde el Aparcero o Dador se desvincula de los riesgos de la explotación ya que existe la contrapartida del dinero; o el de naturaleza asociativa en el que ambos comparten los riesgos.
2. Pueden darse en actividades rurales como urbanas.
3. Su duración se determinaría de acuerdo al ciclo biológico del producto agrícola.
4. Las cláusulas abusivas o que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en el Código Agrario, son nulas.
5. Son obligatoriamente escritos.
También existen la empresa agraria y las sociedades agrarias de producción dirigidas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios.
Sr agrega a lo anterior que el Código Agrario alude a la integración vertical de la agricultura y los agronegocios a través de Contratos de Agroindustria, en el que se pacta la transformación de un producto agrario entre un industrial y un productor, y la denominada Agro comercialización entre un empresario o productor que entrega toda o parte de su producción a un comprador para que, éste se encargue de venderla, a cambio de un precio.
El Código señala que las diferencias que puedan surgir con ocasión de esos contratos se sujetan a la jurisdicción agraria.
Al día de hoy han pasado 23 días desde el anuncio de la firma en Brasil del Memorando de Entendimiento entre Pmá. y la Chiquita (29/8) y se le está aplicando a ese acuerdo la misma intriga, cálculos misteriosos, jeringonzas, discrepancias y doble lenguajes, como ocurrió (y sigue ocurriendo) con el Memorando de Entendimiento con EU de abril de 2025 sobre cooperación en materia de seguridad.
No podríamos adelantar criterios específicos sobre la Aparcería bananera en Bocas del Toro, dado el secretismo que rodea el acuerdo; pero a juzgar por lo que el gobierno ha dicho sobre lo pactado con Chiquita, habrán obvias consecuencias laborales pese a las delirantes y paradójicas declaraciones de la Mtra. de Trabajo.
Este ángulo laboral debemos verlo el próximo domingo con la expectativa de si llega a conocerse o no, el irreconocible Memorando de Entendimiento bananero.

Por: Arturo Garrido Alexandrópulos

El Reportero del Agro – 15 de abril de 2025

En el corazón agrícola de la República de Panamá, la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) ha emitido una voz de alerta, respaldada por un sólido compendio jurídico que expone —con base en leyes nacionales, tratados internacionales y fallos interpretativos— las garantías legales que protegen los rubros sensitivos de la economía nacional: entre ellos, la papa y la cebolla.

El documento —que hoy se entrega a la opinión pública, instituciones gubernamentales, gremios agropecuarios y medios de comunicación— confirma que ni la papa ni la cebolla están sujetas a desgravación arancelaria automática según el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, ni por el tratado con Canadá. Por el contrario, su importación está sujeta a contingentes arancelarios administrados mediante licencias no automáticas, mecanismos de salvaguardia especial y rigurosos requisitos fitosanitarios.

¿Qué significa esto para el país? Que toda importación de cebolla o papa sin licencia, aún pagando el arancel total, es ilegal. No lo dice solo ACPTA. Lo dice la Ley 26 de 2001, la Ley 47 de 2017, la Resolución 02-05 de 2005, el artículo 147 de la Ley 23 de 1997 y múltiples pronunciamientos de la Procuraduría de la Administración.

El compendio expone con claridad que los llamados “contingentes por desabastecimiento” no son un cheque en blanco para importadores. Solo pueden autorizarse previa recomendación de las Cadenas Agroalimentarias y con aval del Consejo de Gabinete, respetando los períodos de cosecha definidos por el Instituto de Seguro Agropecuario. Además, impone condiciones de reciprocidad: el importador debe haber adquirido producto nacional equivalente.

La papa y la cebolla no solo son productos, son pilares de la economía de Tierras Altas. De ahí que su protección no sea caprichosa, sino una obligación jurídica que Panamá ha suscrito internacionalmente y ha incorporado en su legislación nacional.

ACPTA recalca que permitir el ingreso de cebolla holandesa contaminada, sin consulta ni licencia, no solo vulnera la ley, sino que representa una amenaza a la soberanía alimentaria, al patrimonio fitosanitario nacional y a la viabilidad económica de cientos de familias agricultoras.

La organización hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y autoridades para que se consulte y difunda este compendio jurídico. En un país que enfrenta presiones de grupos importadores y funcionarios que desconocen o violan el marco legal, es hora de restablecer el orden, la legalidad y la justicia para el agro panameño.

Documento ACPTA – Compacto OCR

Por: Arturo Garrido

El Reportero del Agro – 2 de abril de 2025

Con un decreto inesperado y sin consultas previas, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció la imposición de un arancel del 10% sobre todas las exportaciones provenientes de Panamá. La medida, calificada como «recíproca y necesaria» por el mandatario estadounidense, representa un golpe directo a la columna vertebral del intercambio bilateral: el Tratado de Promoción Comercial (TPC), firmado en 2007 y vigente desde 2012.

Según datos oficiales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en 2024 Panamá exportó a EE.UU. un total de 264.6 millones de dólares, siendo los rubros más afectados los productos del mar, azúcares, confites y manufacturas de piedra y cemento. El 95% de estas exportaciones estaban amparadas bajo el TPC, lo que garantizaba su libre ingreso al mercado estadounidense.

La presidenta de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), Bianca Morán, no tardó en reaccionar: “Esta acción de Estados Unidos podría interpretarse como una ruptura unilateral de un acuerdo internacional vinculante. Panamá debe exigir respeto al marco jurídico y activar los mecanismos de solución de controversias”.

Desde el sector jurídico, expertos constitucionalistas y en derecho internacional advierten que esta medida podría representar una violación directa de los compromisos suscritos en el TPC. El artículo 22.2 del acuerdo establece que “ninguna Parte adoptará ni mantendrá aranceles aduaneros sobre bienes originarios de la otra Parte, salvo lo establecido en el presente tratado”.

El impacto económico inmediato ya se siente entre los exportadores. Productores de camarón y pescado de Chiriquí, empresarios azucareros de Coclé y fabricantes de cemento en Colón advierten que la imposición del arancel provocará cancelaciones de pedidos, renegociaciones a la baja y pérdidas incalculables de empleo en zonas rurales. “No es solo un tema económico: es un tema de soberanía comercial. Trump está atacando el corazón del comercio justo”, declaró el empresario Pedro Alemán desde Santiago.

El gobierno panameño aún no ha emitido una respuesta oficial. Sin embargo, fuentes cercanas a la Cancillería confirmaron que se evalúa activar el procedimiento de reclamación bilateral previsto en el Capítulo 20 del TPC y que se solicitará una reunión urgente con la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR).

Analistas consultados señalan que esta medida podría formar parte de una estrategia más amplia de presión sobre Panamá, posiblemente relacionada con el control estratégico del Canal, las tensiones por políticas de inversión extranjera o por represalias frente a posicionamientos multilaterales del país.

En la Asamblea Nacional, la diputada Ana Paula Castrellón solicitó al Ejecutivo emitir una protesta formal ante la OMC y convocar a una sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. “No podemos permitir que se pisotee nuestra soberanía económica. Es momento de repensar nuestras relaciones comerciales y apostar por una integración regional que nos proteja del chantaje económico extranjero”, declaró.

El silencio del Ejecutivo contrasta con el clamor del sector agroexportador, que exige claridad, firmeza y acción inmediata. La historia juzgará si Panamá defiende sus tratados con dignidad o cede una vez más ante la presión de una potencia que parece olvidar que el respeto al derecho internacional no es optativo.

Ciudad de Panamá, 19 mar (Prensa Latina) La Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip) lanzó hoy una campaña de consumo de pollo 100 por ciento nacional, para contrarrestar efectos de un acuerdo suscrito con Estados Unidos.

• marzo 19, 2025 | 07:13

De acuerdo con Luis Carlos Castroverde, presidente de la Anavip, con esta iniciativa esperan enfrentar el impacto del Tratado de Promoción Comercial(TPC), que establece la reducción progresiva de aranceles, e invitan a la población en general a consumir carne de pollo fresca nacional, para contrarrestar la entrada del producto congelado del norteño país.

La industria avícola panameña genera más de 80 mil empleos directos e indirectos, y la campaña tiene el propósito de que nuestros consumidores, a todo lo ancho y largo del país, puedan conocer los atributos que tiene el producto nacional, que cumple con las normas sanitarias y de inocuidad, señaló.

Castroverde indicó que promoverán el consumo de la carne de pollo nacional, acompañada de un esfuerzo de diferenciación, a través de un sello de calidad distintivo que refuerce en la mente de los consumidores atributos importantes del producto.

Para la Anavip esta campaña deberá servir además para que se motiven las autoridades del país a defender la producción avícola, como lo hacen grandes economías del mundo que también enfrentan una guerra arancelaria.

Estadísticas del sector avícola de Panamá, señalan que desde la entrada en vigencia de ese acuerdo, en 2012, Estados Unidos ha registrado superávit de más de dos mil 800 millones de dólares en la balanza comercial general y en la agrícola más de 400 millones de dólares.

Panamá apenas exportó a la norteña nación productos diversos por un valor aproximado de 90 millones de dólares.

mem/ga

Por Arturo Garrido Alexandrópulos

El Reportero del Agro 

La exuberante y productiva «tierras altas de Chiriquí», especialmente Cerro Punta, donde se generan más de 10 mil empleos en el agro que dinamizan la economía de esta parte del país.

Cuando una organización como la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA) pretende presentarse como la columna vertebral del abastecimiento alimentario de nuestro país, surge una pregunta fundamental: ¿de quién es la mesa que realmente quieren llenar? ¿La del pueblo panameño o la de sus propios bolsillos? La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) ha lanzado un comunicado que denuncia con claridad la narrativa engañosa que ACOVIPA intenta imponer. Es momento de poner bajo la lupa lo que parece ser otro episodio más en la larga historia de quienes intentan manipular la opinión pública a favor de intereses particulares.

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA) 

ACOVIPA sostiene que «las importaciones son la principal fuente de la disponibilidad en el mercado nacional de productos agroalimentarios», pero ¿a qué costo? Esta afirmación no solo desinforma, sino que es un ataque directo contra nuestros productores nacionales. Los mismos que, con sudor y sacrificio, sostienen sobre sus hombros el peso de la seguridad alimentaria del país. La Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE), Ley 352 de 2023, establece claramente que la producción nacional debe ser la piedra angular del abastecimiento, precisamente para evitar la dependencia de mercados extranjeros que pueden, en cualquier momento, convertir a Panamá en rehén de decisiones y precios internacionales. ¿Por qué ACOVIPA no menciona esto?

La respuesta es evidente: a ACOVIPA le conviene que Panamá dependa de las importaciones, porque eso llena sus cuentas bancarias mientras deja vacíos los campos de nuestros productores. Lo más indignante es que lo hacen en nombre del «pueblo panameño», presentándose como garantes del abastecimiento. Pero, ¿dónde estaban cuando los productores locales no podían competir con los precios de productos importados subsidiados desde el extranjero? ¿Dónde estaban cuando los cultivos nacionales se quedaban sin compradores porque el mercado estaba inundado de productos importados? Estas preguntas son fundamentales, pero ACOVIPA parece querer enterrarlas bajo un mar de propaganda engañosa.

ACPTA señala acertadamente que las organizaciones que reciben fondos de ACODECO, destinadas a proteger al consumidor y fomentar la competencia, han guardado un silencio cómplice ante estos ataques al sector productivo nacional. ¿Por qué? ¿Será que estos fondos se han convertido en una herramienta para mantener el statu quo en lugar de defender al consumidor y garantizar la competencia? Porque lo cierto es que la competencia que ACOVIPA promueve no es más que un disfraz de su verdadero objetivo: monopolizar el mercado con productos importados, desplazando a nuestros agricultores, que representan el verdadero espíritu patriótico y nacionalista del país.

En su afán de minimizar el papel de los productores locales, ACOVIPA se olvida de algo esencial: la soberanía alimentaria no es un capricho, es un derecho fundamental del pueblo panameño. Dependemos de nuestras propias cadenas agroalimentarias para garantizar que cada hogar tenga acceso a alimentos de calidad, a precios justos y producidos con el sudor de los nuestros, no con el oportunismo de quienes solo ven números en una hoja de Excel.

Finalmente, ACPTA hace un llamado a las autoridades a actuar con firmeza. Y es aquí donde debemos ser aún más críticos: ya no podemos permitir que las autoridades sigan mirando hacia otro lado mientras el mercado agropecuario se ve sometido a los intereses de unos pocos. La Ley de Política Agroalimentaria de Estado (PADE) ya es Ley de la República, y no admite interpretaciones. Los funcionarios están para cumplirla, y los ciudadanos para exigir su cumplimiento. Es hora de que ACODECO y demás instituciones demuestren de qué lado están: ¿del de los mercaderes de promesas vacías, o del pueblo que necesita una alimentación segura y soberana?

ACOVIPA y sus aliados deben ser responsables de sus palabras y sus actos. Panamá no puede seguir siendo un país donde los intereses mercantilistas se imponen sobre el bienestar de la mayoría. Este es un llamado a la acción, un llamado a la defensa de nuestra tierra, de nuestros agricultores, de nuestro derecho a alimentarnos con lo que producimos. Porque si dejamos que la narrativa de ACOVIPA gane, perdemos todos.