Por: ABEL D. Comrie Ortega
Arrecia la persecución de Mulino contra los dirigentes sindicales.
El pasado jueves 25 de junio, la Fiscalía Anticorrupción allanó la casa del dirigente sindical Marco Andrade. Lo aprehendieron por un supuesto peculado. Quiero discutir aquí una imagen. Los policías entraron con pasamontañas. El funcionario que dirigía la diligencia se tapaba la cara con una mascarilla. Andrade, en cambio, daba la cara, decía su nombre, se grababa a sí mismo. El allanado mostraba el rostro. El Estado lo escondía.
Una máscara borra quién eres y pone otra identidad. Un «antifaz» solo tapa los ojos. El que lo usa sigue hablando, sigue firmando, sigue mandando. Lo único que oculta es la posibilidad de que lo señalen. El agente cubierto no miente sobre lo que hace. Miente sobre quién lo hace. Y eso no es un detalle estético: el Derecho no persigue actos sin responsable.
Démosle al Estado su mejor argumento. Es cierto que el crimen ha crecido. Hay operativos contra gente armada y peligrosa en los que cubrir al agente puede ser razonable. De acuerdo. Pero esa razón tiene una trampa: la misma tela que protege al policía del narco lo protege de ti. No son dos máscaras. Es una sola. No se le puede dar el escudo que lo defiende sin darle, en el mismo acto, el escudo que lo libra de responder. El que no puede ser identificado no puede ser denunciado, ni recusado, ni condenado. El rostro tapado borra, de un golpe, tu derecho a defenderte de quien te allana.
Y aquí el cuento se cae solo. El argumento del peligro necesita peligro. Enfrente no había una banda armada. Había un dirigente sindical conocido, con nombre y cara públicos, acusado de un delito de papeles. No había a quién temer. Entonces, ¿de qué se cubrían? Cuando la excusa no cuadra con los hechos, queda a la vista la verdadera función del antifaz: intimidar al que mira, así como blindar al que actúa.
La mascarilla lo dice todo. El pasamontañas confiesa para qué sirve. El cubrebocas trae la excusa incluida: siempre se podrá decir que era por salud. Es el antifaz con coartada de fábrica. Y esa pieza pequeña repite, en chico, lo que ocurre en grande. Porque eso es el «lawfare»: usar la forma de la ley para un fin que no es justicia. El cubrebocas pide prestada la bata del médico; la causa fabricada pide prestada la toga del juez. Los dos esconden lo mismo bajo una apariencia que nadie discute. Y hay que decirlo sin rodeos: en Panamá esto ya no es una amenaza, es una práctica instalada. El Estado perseguidor ya se sentó en la silla. Usa fiscales en lugar de tanques, expedientes en lugar de balas, pero persigue. América Latina ya vivió esto: el Perú juzgó con «jueces sin rostro» y corrió la sangre. La Corte Interamericana se lo prohibió. Que la cara se tape justo en la diligencia contra un opositor no es casualidad. Es el método.
Y aquí viene lo que más me importa decirte. A lo mejor piensas que esto no es asunto tuyo. Que Andrade es de izquierda, que algo habrá hecho, que a ti no te va a pasar. Ya escribí una vez que el punto medio no es una virtud, es un pecado. Esta es la prueba. El que mira para otro lado porque le tocó al adversario incómodo no está a salvo. Está esperando turno. La herramienta no distingue ideología. Hoy se estrena contra un sindicalista; mañana sirve igual contra el empresario que estorba, el periodista que molesta, el vecino que demanda al alcalde. La cara tapada que hoy aplaudes contra tu enemigo seguirá ahí, intacta, el día en que el poder te señale a ti. No hace falta que el agente sea malvado. Basta con que la herramienta exista, lista, sin control. Lo que se permite contra uno queda permitido contra todos.
Y hay algo peor todavía cuando el que se tapa la cara no es el policía sino el funcionario de justicia, o cualquier autoridad del Estado. Un policía encapuchado es un problema de cuentas pendientes. Un juez o un fiscal encapuchado es una contradicción: la justicia que se esconde deja de ser justicia. Es fuerza con toga. El día en que la cara de la ley se cubre, ya no sabes si lo que entra a tu casa es el derecho o su disfraz.
En una democracia, la cara descubierta del que ejerce la fuerza no es un capricho: es la prueba de que esa fuerza tiene dueño, así como de que el dueño responde. Pero hay un lugar donde el rostro tapado pasa de ser un abuso a ser un peligro mortal, así como ese lugar es tu casa. El artículo 32 de nuestro Código Penal presume que actúa en legítima defensa quien repele de manera razonable al que entra, sin su consentimiento, a su residencia, morada, casa o habitación, sea conocido o no. Es la defensa privilegiada del hogar, el único sitio donde la ley te concede, de antemano, el beneficio de la duda. Esa norma supone algo que el Estado enmascarado destruye: que el dueño de la casa puede distinguir a un intruso de la autoridad. El rostro descubierto del agente era esa diferencia. Era la señal que decía: «no me repelas, soy la ley».
Escribo esto para que se vea el peligroso abismo que abre quien se cubre la cara, justo en el momento y lugar en que la ley establece una presunción. El Estado que entra tapado a tu casa no solo se vuelve inimputable. Borra la única señal que te permitía no equivocarte, así como vuelve a su propio agente, idéntico al asaltante al que dice perseguir. Y deja flotando una pregunta que ningún funcionario panameño ha querido mirar de frente. Si derriban mi puerta hombres con el rostro tapado, si nada me deja saber si el que grita «soy la ley» dice la verdad, dentro de mi propia casa, donde el Código Penal presume que puedo repeler al que entra sin mi permiso, la pregunta que queda, sin respuesta, es la más simple, así como la más terrible: ¿quién entró a mi casa?
