Opinión

Indignación nacional al conocerse acuerdos secretos entre gobierno de Panamá y el Secretario de Defensa Hegseth.

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¡Funcionarios panameños responsables de alta traición a la patria!

El país reacciona ante el ataque a nuestra soberanía y el ejército de USA cancela actividades en la ciudad capital.


Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Este es el ejército de los EE.UU. humilló nuestra bandera nacional el 20 de diciembre de 1989, ahora nuevamente vienen a ocupar el territorio nacional con la colaboración y el entreguismo del presidente Mulino que ha dejado a la intemperie la dignidad nacional.

Este medio día, hora de Washington, el Secretario de Defensa de EE.UU. Peter Brian Hegseth le rindió un informe a Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica en la que se destaca que se rubricó un acuerdo con la Autoridad de Canal de Panamá para que las naves norteamericanas, sin especificar si son las comerciales o de la fuerza naval de ejército, estarán libre de pago alguno por su tránsito por el Canal (peaje), es decir, la república de Panamá subvencionará la economía norteamericana a cuenta de un serio perjuicio económico para el patrimonio económico de Panamá que tendrá que utilizar las instalaciones del Canal, sus costos operativos y el Agua a cambio de ningún pago a la república de Panamá. Por otra parte, el Secretario Peter Brian Hegseth le informó a Trump que, logró otro acuerdo con las autoridades panameñas en cuando a la militarización por parte del ejército norteamericano en la república de Panamá y en áreas del Canal lo que representa una abierta violación al artículo 5 del Tratado de Neutralidad del canal que reza:
ARTÍCULO V
Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional.
Por tanto, ese acuerdo es ilegal y hay que decir que de manera arbitraria las Fuerzas Militares Norteamericanas han ocupado a la república de Panamá al margen de la Ley y sin ningún amparo en el derecho internacional, solo con la anuencia del Presidente Mulino. El secretario de defensa y el presidente Trump sostienen que, todo esto lo hacen por cuanto China ejerce control sobre el Canal y eso es absolutamente falso.
Al respecto El Presidente Trump ha manifestado este mediodía lo siguiente: “Hemos trasladado muchas tropas a Panamá y hemos ocupado algunas zonas que ya no teníamos, pero ahora sí”, declaró Trump en la Casa Blanca junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien este 9 de abril regresó de una visita oficial a Panamá en la que el Presidente y los ministros panameños han configurado un hecho de alta traición a la patria panameña.
Por otra parte, en el ordenamiento constitucional panameño en su ARTICULO 315. El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta Constitución, la Ley y su Administración.
El Código Penal Panameño establece en su artículo 425 lo siguiente: Artículo 425. Quien ejecute un acto para someter la República, en todo o en parte, a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad será sancionado con prisión de quince a veinte años de prisión.
Cuando la conducta descrita fuera realizada por un servidor público o a través de tratados, convenios o acuerdos celebrados para tales efectos, la pena será de veinte a treinta años.
También en el Artículo 431. “Quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos será sancionado con prisión de dos a seis años”.
Los actos cometidos por el presidente de la república y sus ministros, constituyen claramente delitos por los cuales de manera urgente deben ser investigados, procesados y condenados por alta traición a la patria y pagar la pena que establece las normas penales de la república.
¡Así de sencilla es la cosa!

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