La empresa que hizo el EIA a la mina por encargo del gobierno de Mulino, esta presuntamente vinculada a escándalos, fraudes, Sobornos y Corrupción.
La empresa consultora SGS, que fue contratada por el gobierno de Mulino para realizar un pretendido estudio ambiental independiente, no obstante, en una investigación preliminar de la misma, aparece señalada y hasta condenada en varios casos de Corrupción, Fraude, soborno y por sumas millonarias en diferentes partes del Mundo.
El Primer caso que sale a relucir fue un Mega Robo de 150 millones de dólares en Singapur caso Shell Oil. Empleados de SGS, emitían certificados de inspección y auditoría a cambio de sobornos de entre 3 mil a 50 mil dólares por certificado.
El Segundo caso significativo lo constituye el Caso Taiga King en RUSIA. Destrucción masiva de árboles valorados en millones de dólares. Facilitado por soborno de un Magnate para obtener el Certificado ambientalmente amigable con la naturaleza, de parte de SGS.
El Tercer escándalo estuvo vinculado a un monumental Fraude, Soborno y Corrupción, a través de un contrato Estatal con el Gobierno de Pakistán en 1994 para inspección y certificación de procesos aduaneros del País. El gobierno pakistaní posteriormente demandó a la empresa SGS.
Y como si fuera poco todo este andamiaje escandaloso de corrupción, un empleado de Camerún de SGS despedido porque se atrevió a exponer la red de corrupción que se estableció por parte de esta empresa en su país, respaldado por los certificados de la empresa SGS, debido a los sobornos, ahora este caso esta interpuesto en los tribunales de Suiza, sede oficial de esta tenebrosa empresa, mientras los tribunales resuelven el caso y dictan se dicta el fallo respectivo.
Según información que se nos ha hecho llegar a nuestra redacción, también en Estados Unidos esta empresa suiza tiene varios casos pendientes en los tribunales.
Así las cosas, el gobierno panameño contrató los servicios de esta empresa para tratar de justificar la reapertura de la mina por contratación directa con First Quantum Mineral Ltd. y su subsidiaria en Panamá, Cobre Panamá, a pesar de los graves riesgos que representa una mina a cielo abierto para la vida humana, animal y vegetal en el país y que legal y constitucionalmente, existe una decisión en firme y de obligatorio cumplimiento que, impide a las autoridades y/o cualquier empresa reabrir dicha actividad y confrontar con ello, el orden legal y constitucional establecido, es decir, el estado de derecho.
El gobierno de Panamá debió investigar prolijamente a esta empresa, antes de asignar cuantiosos recursos del estado, para una tarea tan delicada en la que no está garantizada la credibilidad ni la transparencia.
