Por Ramiro Guerra.
Jurista, escritor y cientista político.
El concepto de ciudadano no se agota con el derecho a elegir y ser elegido.
Con relación al estado, el ciudadano es el que tiene derecho a disentir, criticar y participar de la gestión pública, sobre todo en escenarios y procedimientos que hagan viable esa participación.
La noción de ciudadano, cuyos derechos, se agotan con el sufragio, es limitado y antidemocrático.
Más de este enfoque, el estado considera que el ciudadano debe ser considerado un enemigo, un peligro para la sociedad y la democracia.
Desde esta perspectiva, el estado, el gobierno, ve enemigos por doquier.
Por lo anterior, el gobierno se vale de todo tipo de procedimientos, para una labor de pesquisa, vigilancia, hostigamiento al ciudadano, sea individual o colectivamente.
Se hacen de manuales elevados a guías y doctrina de defensa frente a los ciudadanos, organizaciones populares y seriamente democráticas.
A estas últimas, se les considera naturalmente, como sectores que hacen de oficio, conspirar contra el estado.
Prioriza la doctrina de la seguridad nacional y sus manuales son libros de cabecera, de sus escuelas y academias de formación de la estructura policíaca.
Un régimen que, en nombre del Estado, hace suya estas prédicas y doctrinas, está al margen de un real estado democrático y de defensa de los derechos humanos y fundamentales.
Son regímenes que su religión es la antidemocracia.
En América o Latinoamérica, estos regímenes se constituyen en una agresión para los ciudadanos.
Su quehacer, dentro de lo que se denomina Democracia Limitada y un estado autoritario, dictadura u otro régimen de excepción.
