Por: Rubén Castrejo Camarena
Abogado y Periodista
Hay solidaridades que merecen reconocimiento, pero también preguntas que no pueden quedarse sin respuesta. La defensa de la libertad de expresión es una obligación democrática, no una causa que deba activarse dependiendo de quién sea la víctima, de su popularidad, de su posición dentro de los medios de comunicación o de los intereses que puedan estar en juego.
La reciente reacción del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, junto al Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión, en respaldo a la periodista Flor Mizrachi, luego de las amenazas de agresión física expresadas por la exdiputada Katleen Levy, es legítima y necesaria. Nadie debe ser amenazado, intimidado ni agredido por ejercer el periodismo, investigar, cuestionar o expresar sus opiniones.
Sin embargo, hay una pregunta que considero inevitable: ¿por qué esa misma contundencia no parece tener igual visibilidad cuando los afectados son los propios periodistas que pierden sus empleos, padecen precariedad laboral o son sometidos a condiciones de contratación que comprometen su dignidad profesional?
En octubre de 2026, Corporación La Prensa habría despedido a más de diez profesionales del periodismo. No es un hecho menor. Tampoco podemos olvidar lo ocurrido en enero de 2011, cuando Editora Panamá América, responsable de los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día, ejecutó despidos que generaron preocupación y pronunciamientos de organizaciones periodísticas.
La dimensión del problema es todavía mayor. El Centro de Empresa y Derechos Humanos publicó en noviembre de 2022 información que daba cuenta de cerca de 300 periodistas despedidos por medios de comunicación nacionales durante los dos años anteriores y otros 600 trabajadores independientes de radioemisoras y medios audiovisuales que habían quedado cesantes. Son cifras que, aunque no constituyen un registro oficial actualizado, revelan la magnitud de una crisis laboral que no puede ignorarse.
Pero hay otra realidad de la que poco se habla: los corresponsales de provincias. Muchos reciben remuneraciones que difícilmente compensan el trabajo, el tiempo, los riesgos y los gastos que implica cubrir acontecimientos noticiosos. Algunos son contratados temporalmente, otros bajo la figura de servicios profesionales, aunque en la práctica reciben instrucciones, cumplen horarios, están sujetos a supervisión y dependen económicamente del medio para subsistir.
Y aquí aparece una cuestión jurídica que merece atención: el nombre que se le coloque a un contrato no determina por sí solo la naturaleza de la relación laboral. Cuando concurren elementos de subordinación jurídica y dependencia económica, corresponde examinar la realidad de la prestación del servicio y no simplemente la denominación contractual.
¿Dónde está la defensa gremial frente a esas condiciones? ¿Dónde están las voces que reclaman salarios dignos, prestaciones laborales, estabilidad y respeto por los derechos de quienes, desde el interior del país, también construyen la información que consumimos diariamente?
La libertad de prensa no puede entenderse exclusivamente como la protección de las empresas propietarias de los medios o de sus figuras más reconocidas. También debe comprender la dignidad de quienes hacen posible el ejercicio periodístico. Porque no existe verdadera independencia editorial cuando el periodista vive bajo la amenaza permanente del despido, la precariedad económica o la incertidumbre de no saber si podrá pagar sus obligaciones al final del mes.
Y hay otro asunto que merece una discusión seria: la responsabilidad ética en el ejercicio de la comunicación.
Las redes sociales han abierto espacios extraordinarios para democratizar la información. Sin embargo, también han permitido que algunos se autoproclamen periodistas sin asumir las responsabilidades mínimas de la profesión. Investigan poco, verifican menos, publican rumores como si fueran noticias y, en ocasiones, utilizan la exposición pública para destruir reputaciones mediante acusaciones sin sustento. Peor aún, existen prácticas que pueden llegar a convertirse en mecanismos de intimidación y extorsión.
La libertad de expresión no es una licencia para difamar, calumniar, injuriar o fabricar noticias. Tampoco puede convertirse en un escudo para evadir responsabilidades. La libertad exige responsabilidad, verificación, contraste de fuentes y respeto por la dignidad humana.
Recuerdo aquel eslogan que defendía la libertad de expresión bajo la consigna de que si callaban a un medio, nos callaban a todos. El principio es correcto. Pero habría que preguntarse si ese mismo espíritu se aplica cuando el periodista despedido no tiene una pantalla de televisión, una columna de opinión o una plataforma mediática para denunciar su situación.
Coincido con la presidenta del Fórum cuando sostiene que el buen periodismo incomoda. Esa es precisamente una de sus funciones esenciales: fiscalizar al poder, cuestionar a los gobernantes, investigar los abusos y poner en evidencia aquello que algunos preferirían mantener oculto.
También considero que Flor Mizrachi tiene pleno derecho a ejercer su profesión sin amenazas ni intimidaciones. Pero Katleen Levy, como cualquier ciudadana, conserva su derecho a expresar lo que piensa, siente o cuestiona. Ambas tienen derecho a expresarse; lo que no puede admitirse es que el desacuerdo se transforme en amenaza de agresión física. La crítica se responde con argumentos, rectificaciones o los mecanismos legales correspondientes, nunca con violencia.
Ahora bien, cuando escucho afirmar que los comunicadores más prestigiosos del país son quienes integran el Fórum de Periodistas, me surgen algunas interrogantes. ¿Qué significa exactamente ser uno de los periodistas más prestigiosos de Panamá? ¿Quién determina ese prestigio? ¿Cuáles son los requisitos y méritos para ingresar a esta organización? ¿Se trata de trayectoria, reconocimiento profesional, ética, independencia o una combinación de todos esos elementos?
No planteo estas preguntas para descalificar a sus integrantes ni para desconocer el trabajo que realizan. Las planteo porque toda organización que reivindica la libertad de expresión, la pluralidad y la transparencia también debe estar dispuesta a explicar sus criterios de representatividad.
La defensa de la libertad de expresión no puede tener categorías ni apellidos. No debe depender de la notoriedad del periodista, de la empresa para la que trabaja o de la cercanía que tenga con los círculos de poder mediático.
Porque si defendemos al periodista cuando lo amenazan, pero guardamos silencio cuando lo despiden, lo precarizan o lo convierten en un trabajador sin derechos, estaremos defendiendo solamente una parte de la libertad de prensa.
Y la libertad de prensa, cuando es auténtica, debe comenzar por defender también a quienes la hacen posible.
La pregunta queda abierta: ¿el Fórum de Periodistas representa y defiende a todos los periodistas panameños o solamente a un sector de ellos?
Saludos cordiales
