Análisis Crítico de Cómo el gobierno enfrentó la crisis del sismo del 9 de octubre de 2026.
Especial para El periódico
La realidad rebasó la débil institucionalidad
La pretensión de este estudio es realizar un análisis crítico que exponga las debilidades sobre las que se tiene que trabajar para que no ocurra y se repitan los mismos hechos que exponen gravemente nuestra seguridad.
¿Qué Ha Impedido Que Se Hayan Desplegado Las Fuerzas De Seguridad En La Zona Afectada?
Desde la perspectiva planteada, el principal obstáculo podría encontrarse en las deficiencias de planificación y coordinación de los estamentos de seguridad, derivadas de una política gubernamental que no habría logrado articular de manera coherente las obligaciones establecidas en la legislación vigente con la preparación operativa y la respuesta efectiva ante situaciones de desastre.
La existencia de leyes, planes de emergencia y protocolos institucionales no garantiza por sí sola una respuesta eficaz. Para que estos instrumentos se traduzcan en protección efectiva, se requiere coordinación entre SINAPROC, el COE y los estamentos de la Fuerza Pública; Policía Nacional, Servicio de Protección Institucional (SPI), Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), además de una distribución clara de responsabilidades, disponibilidad logística, capacitación periódica y mecanismos de activación y movilización previamente definidos.
Por tanto, si se confirma que las fuerzas de seguridad no fueron desplegadas oportunamente, correspondería determinar si existieron fallas en la activación del COE, en la ejecución de los planes de emergencia, en la asignación de recursos, en la comunicación interinstitucional o en las decisiones de mando. También sería necesario establecer si los municipios contaban con planes de evacuación actualizados y si estos habían sido coordinados con las autoridades responsables.
La cuestión central es determinar si la eventual falta de despliegue obedeció a una insuficiencia de recursos, a fallas de coordinación o a un incumplimiento de los planes y obligaciones legales vigentes. Sin información oficial que permita comprobar las causas concretas, no sería jurídicamente riguroso atribuir la responsabilidad definitiva a una institución o autoridad determinada.
En conclusión, una política gubernamental coherente con el marco legal de protección civil debe garantizar que la planificación preventiva se traduzca en capacidad real de respuesta. Cuando existe una brecha entre las obligaciones normativas y su ejecución operativa, se comprometen la eficacia institucional y la protección de la población, por lo que resulta indispensable investigar las decisiones adoptadas antes, durante y después de la emergencia.
Sin embargo, el despliegue policial implementado por el gobierno de Panamá hace 16 meses atrás, para intervenir ante las protestas y disturbios generados por la imposición de la Ley 462 en la provincia de Bocas del Toro que se denominó Operación Omega, incluyó la intervención de más de mil unidades en arreos de combate, para enfrentarse a civiles, la suspensión de las garantías constitucionales en esa región y la descarga de la furia institucional, especialmente contra el pueblo originario y el sindicato obrero de las bananeras, pareciera que por encargo de la empresa que quería mucha más liberalidad y poco compromiso con el país.
Para combatir al “enemigo interno”, es decir, al propio pueblo, si hay alta eficiencia, pero para atender una catástrofe nacional, allí no hay ni planes ni respuesta oportuna e inmediata, aunque sea de solo acompañamiento.
Luz para afuera y oscuridad para adentro.
Todos recordamos cuando el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, salió en los medios, supervisando personalmente el envío de 200 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela el pasado 29 de junio, trabajo que desarrolló nuestras fuerzas de seguridad, hecho que está dentro de concepto de solidaridad humanitaria en razón de los violentos terremotos en aquel país hermano, lo que es injustificable es que para atender la situación propia, la respuesta haya sido no solo paquidermicamente lenta, sino además ineficaz.
Doctrinas encontradas
El General Omar Torrijos Herrera, patriota que dirigió la campaña por la Liberación, Dignidad Nacional, la recuperación del Canal y el desmantelamiento de la colonia llamada “Zona del Canal”, dirigió una carta al Senador Edward Kennedy el 7 de mayo de 1970 en la que señalaba: “El gobierno era un matrimonio entre fuerzas armadas, oligarquía y malos curas, y como los matrimonios eclesiásticos no admiten divorcio, aquella trilogía de antipatriotas parecía indisoluble. El oligarca explotaba los sentimientos de vanidad y lucro de ciertos militares, incluyéndolos en sus círculos sociales, e incluyéndolos también en las participaciones de sus empresas. El militar prestaba su fusil para silenciar al pueblo y no permitir que la clase gobernante fuera “irrespetada” por la chusma frenética, como llamaban al pueblo, y los malos apóstoles de la Iglesia bendecían este matrimonio, para sentarse a la mesa como invitados y poder disfrutar de los beneficios del poder.”
Y siguió diciendo: “No recuerdo, hasta hoy, un solo incidente, en los tiempos en que comandaba tropas especializadas en orden público, en que la razón no estuviera de parte del grupo hacia donde apuntaban nuestras bayonetas. Cuando era capitán, sofoqué un levantamiento guerrillero dirigido por jóvenes estudiantes y orientado por una causa justa. Fui herido. El más herido de mi grupo y también el más convencido de que esos jóvenes guerrilleros caídos no representaban ni el cadáver ni el entierro de las causas de descontento que los había llevado a protestar mediante una insurrección armada. Pensé también, al leer su proclama, que, de no haber tenido el uniforme, yo hubiera compartido sus trincheras. Aquí fue donde surgió mi determinación de que, si algún día podía orientar la suerte de nuestras Fuerzas Armadas, la matrimoniaría en segundas nupcias con los mejores intereses de la patria”.
Nuestras fuerzas de Seguridad no pueden continuar por el camino equivocado de seguir sirviendo a los más poderosos y dejar a la intemperie a su propio pueblo y menos en las circunstancias extraordinarias del desastre que nos ha tocado vivir en los últimos días.
