Opinión

¿Qué está pasando en Panamá? 

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Un año de intolerancia, prepotencia e incertidumbre

Abdiel Rodríguez Reyes 
 

El Gobierno del presidente José Raúl Mulino, tocó fibras muy sensibles, su jefatura se caracteriza por mucho sobresalto, a tal punto que, nos encontramos ante la peor crisis después de treinta y cinco años de “democracia representativa”. Iniciemos brevemente sobre la trayectoria política del presidente Mulino. Fue vicecanciller y canciller en el primer gobierno después de la invasión estadounidense a Panamá en 1989, con el presidente Guillermo Endara, quienes tomarán el poder en instalaciones militares estadounidenses en el antiguo enclave colonial, luego fue ministro de Gobierno y Justicia y posteriormente de Seguridad del presidente Ricardo Martinelli. En este periodo se protagonizó uno de los episodios más violentos precisamente contra manifestantes en Bocas del Toro y San Félix.

El presidente Mulino ganó las elecciones gracias a la popularidad del expresidente Ricardo Martinelli, fue primero su candidato a vicepresidente en un partido cuyas iniciales coinciden con su propio nombre: RM, de Realizando Metas. Luego de una larga disputa jurídica y mediática el expresidente Martinelli no pudo ser candidato y así el hoy presidente Mulino asumió ese compromiso, saliendo vencedor en las elecciones de 2024, con el 34.23 % de una participación electoral de 77.66 %, esa es la herencia del expresidente Martinelli, particularmente usando el lema: “más chen chen en tu bolsillo y Mulino es Martinelli”. Ahora, ni una cosa ni la otra es válida, ni hay chen chen, ni Mulino es Martinelli. Panamá crece económicamente, pero de forma abruptamente desigual.

 El presidente Mulino no tiene carisma y tampoco tiene el apoyo del partido “oficialista” RM, el cual es teledirigido por el expresidente Martinelli desde su asilo en Bogotá. Como somos un país presidencialista, quien manda es el presidente, tiene el poder, pero realmente no tiene una base, ni estructura política, está acuerpado fundamentalmente por un grupo importante del empresariado panameño y los intereses estadounidense. Él viene del sector empresarial del cual fue un alto dirigente de APEDE y CONEP. Presidió extintos partidos políticos (Partido Solidaridad y, Unión Patriótica), como también fue un dirigente político de la cruzada civilista contra el régimen militar en la década de los ochenta. Dicho esto, estamos ante un político tradicional con bastante experiencia. Su gobierno es de derecha empresarial, siendo consecuente, su círculo más cercano son empresarios.

Para gobernar un país se requiere más que solo responder a un sector. En este primer año de gestión, el presidente Mulino tomó por lo menos tres decisiones altamente conflictivas. Reformó la Caja de Seguro Social a través de la Ley 462 que, según entendidos como Juan Jované, Roberto Pinnock, Ana Patiño y William Hugues entre otros, es una desmejora del sistema de pensiones como también de la administración privada de un porcentaje de los fondos. Firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos que vulnera nuestra soberanía y, por último, intenta reabrir Minera Panamá operada por la transnacional First Quantum Minerals, cuando existe un falló de la Corte Suprema de Justicia que ilegaliza el contrato que permitía la extracción de metales a cielo abierto. A pesar de que nuestra Constitución permite la minería, existe una moratoria minera, resultado de las protestas del 2022.

El presidente Mulino le declaró la guerra al SUNTRACS, dijo públicamente que los reduciría a su mínima expresión, como también su director de la policía advirtió judicializar a quienes protestaban, según ellos, causando daños colaterales. Hoy varios dirigentes de este sindicato están detenidos, asilados y con medidas cautelares. Tiene un discurso hostil contra el movimiento social en general. En esa misma dirección, también enfocó sus cañones contra el magisterio organizado, con un cerco de hambre, miles de docentes tienen suspendidos sus salarios. La mayoría de los docentes dependen de sus salarios y mediante un discurso de miedo, algunos se han visto obligados a regresar a sus puestos de trabajo en contra de su voluntad. Se busca suplantar a todos los docentes que están en huelga a través de un decreto ejecutivo, esta práctica de gobernar a través de decretos ejecutivos sin el debido balance entre los poderes del es propio del autoritarismo.

Declaró un estado de urgencia, donde se suspenden las garantías fundamentales en Bocas del Toro, una provincia dedicada al turismo y monocultivo de banano con Chiquita Panamá; además, es de las provincia más pobres y excluidas del país. Además. Todo esto ocurre ante la mira pasiva de la Corte Suprema de Justicia y de la Asamblea Nacional. Estamos en una situación inaudita, pareciera que no tenemos contra poderes para limitar estos desmanes. Pareciera que en Panamá no hay derecho a protestar, como lo han advertido las exmagistradas Esmeralda Arosemena de Troitiño y Graciela Dixon.

El uso desmedido de la fuerza policial ha dejado varios heridos como resultado de la represión. En particular, este problema se ha agudizado en Bocas del Toro, una de las provincias con mayor índice de pobreza en uno de los países más desiguales del mundo. En esta provincia opera la Chiquita Panamá, una empresa dedicada al cultivo de banano, de la cual depende parte importante de la población. El sindicato (SITRAIBANA) dirigido por Francisco Smith se unió a la huelga – en contra de la Ley 462 –. Debido a la paralización de la provincia, emisarios del gobierno participaron en conversaciones, pero sin concretar algo hasta que la Iglesia medió. Sin embargo, gran parte de los manifestantes en Bocas se mantenían en las calles cuando, en medio de las negociaciones, el dirigente Smith fue abruptamente apresado, acusado de apología del delito, entre otros cargos, mientras viajaba de una provincia a otra. El avión cambió de rumbo y, al aterrizar, lo esperaban policías para procesarlo.

Todo lo descrito hasta aquí, es un retroceso histórico en muchos sentidos. En una sociedad democrática el disenso es importante, como también el derecho a protestar libremente. La constante en los últimos meses es: persecución, decenas de detenciones arbitrarias y judicialización de la protesta. Se ha criminalizado al movimiento social de manera frontal, cercando económicamente a los gremios y sindicatos. Esta guerra declarada del presidente Mulino lo conduce a ninguna parte. 73.9% considera mala y muy mala su gestión, solo el 2.7% la considera buena. La indignación irá in crecendo, porque el presidente sigue haciendo lo mismo, con un discurso prepotente y sin resultados concretos para responder a las demandas sociales. En lugar de construir puentes los dinamita, no reconoce sus errores y reproduce el discurso igual a la gestión de Cortizo, de la existencia de un grupo de izquierda infiltrado de radicales y “no democrática” causante de la explosión social. Realmente no está claro cuál es su plan de Gobierno, la austeridad en la práctica es un golpe a la inversión social, el recorte presupuestario dejará al Gobierno – como lo plantea Arístides Hernández en un reciente artículo – “con escaso margen de maniobra”.

Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Si se mantiene este Gobierno con las mismas prácticas de su primer año de gestión, tendremos cuatro años más de intolerancia, prepotencia e incertidumbre. La inusitada hostilidad del actual Gobierno contra el movimiento social organizado pone en riesgo la integridad de muchas personas que genuinamente protestan y están en huelga en las calles, será necesario rediseñar la estrategia de lucha ante los embates tácticos asestados. Como país urge reflexionar sobre un proyecto nacional, teniendo en cuenta el agotamiento de los partidos tradicionales para responder a las demandas sociales del presente, como lo evidencia empíricamente este Gobierno.

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