La agricultura dominicana depende de una fuerza laboral haitiana que permanece invisible en el relato nacional: se necesita para sostener la producción, se tolera mientras trabaja y se persigue cuando el discurso político reclama exhibir autoridad migratoria.
Por Rafael Méndez
El plato de comida que llega diariamente a la mesa dominicana encierra una historia que pocas veces se cuenta fuera del país y que dentro se reconoce con dificultad. Una parte sustancial del arroz, los plátanos, las habichuelas, el café, el cacao, las frutas, las hortalizas y otros productos esenciales pasa, en alguna etapa de su producción, por manos haitianas que siembran, cosechan y sostienen labores fundamentales del campo.
República Dominicana y Haití comparten una misma isla, pero también una relación marcada por profundas desigualdades, tensiones históricas y una interdependencia económica frecuentemente negada. Mientras el discurso político dominicano presenta la inmigración haitiana principalmente como amenaza para la soberanía, amplios sectores productivos necesitan diariamente esa fuerza laboral, sin la cual difícilmente podrían mantener sus actuales niveles de producción, abastecimiento y rentabilidad.
Esa contradicción se vuelve particularmente visible en la agricultura, donde los trabajadores haitianos realizan muchas de las tareas más duras, peor remuneradas y menos protegidas. Sin su participación, importantes renglones quedarían expuestos a una crisis de tal magnitud que el campo tendría serias dificultades para sostener el abastecimiento, con consecuencias inmediatas sobre los costos de producción, los precios de los alimentos y la seguridad alimentaria nacional.
La dependencia que el discurso niega
El problema no consiste solamente en que la agricultura dominicana necesite trabajadores haitianos, sino en que ha organizado parte de su funcionamiento alrededor de una mano de obra mantenida en la informalidad. Se aprovecha su disponibilidad mientras resulta productivamente conveniente, pero se le niegan reconocimiento, estabilidad y protección, creando una doble moral que tolera al migrante dentro de los surcos y lo convierte en amenaza cuando aparece en el debate político.
La magnitud de esa dependencia ha sido reconocida por figuras vinculadas directamente con el sector agropecuario. El expresidente Hipólito Mejía, también exsecretario de Agricultura y empresario del ramo, ha reclamado la regularización urgente de los trabajadores haitianos, mientras el actual ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, admite que la escasez de mano de obra constituye un problema estructural, aunque propone reducir gradualmente esa dependencia mediante tecnología, mecanización y financiamiento.
Mejía privilegia la regularización de una fuerza laboral indispensable para el funcionamiento inmediato del campo, mientras Espaillat apuesta por transformar progresivamente el modelo productivo. Pero la mecanización no se alcanza mediante decretos ni puede aplicarse simultáneamente a todos los cultivos, de modo que entre la agricultura existente y la que se pretende modernizar permanece una necesidad laboral que el Estado no puede eliminar con operativos de deportación.
Cuando esos operativos se ejecutan sin coordinación con los ciclos productivos ni alternativas previamente organizadas, pueden quedar cosechas sin recoger, animales sin atender y unidades agrícolas sometidas a mayores costos. Los productores pierden capacidad de planificación, los consumidores terminan pagando precios más altos y la defensa discursiva de la soberanía puede producir el efecto contrario al interés nacional: debilitar la producción interna y aumentar la dependencia de alimentos importados.
Regularizar, mecanizar y dignificar
Reconocer esa realidad no significa defender la inmigración irregular, renunciar al control fronterizo ni desconocer el derecho soberano de República Dominicana a aplicar sus leyes. Significa comprender que el orden migratorio y la estabilidad productiva deben formar parte de una misma política, mediante mecanismos de contratación temporal, permisos laborales, registros confiables y controles que permitan determinar quiénes ingresan, dónde trabajan y bajo qué responsabilidades empresariales.
La formalización debe ir acompañada de una mecanización gradual en las tareas donde resulte técnica y económicamente posible, así como de mejores salarios y condiciones capaces de atraer también a trabajadores dominicanos. La ausencia de estos en determinadas labores no responde únicamente a preferencias culturales, sino también a la precariedad, la emigración rural, la falta de garantías y las remuneraciones con que algunos empleadores pretenden sostener su rentabilidad.
También corresponde exigir responsabilidades a los productores y empresarios que contratan trabajadores sin documentación y luego guardan silencio cuando son perseguidos. Resulta incoherente concentrar toda la fuerza del Estado sobre el inmigrante irregular mientras permanece intacto el modelo económico que demanda sus servicios, aprovecha su vulnerabilidad y reduce costos mediante salarios bajos, jornadas extensas y escasa protección frente a accidentes, abusos o incumplimientos laborales.
La llamada “bandera dominicana” —arroz, habichuelas y carne— simboliza el almuerzo tradicional de un país orgulloso de su identidad, pero también revela una interdependencia que esa identidad no debería avergonzarse de reconocer. Aunque el discurso oficial hable de fronteras, deportaciones y soberanía, los surcos expresan otra realidad: cuando el campo deja de hablar creole, la producción pierde estabilidad, los alimentos se encarecen y la canasta básica dominicana comienza a tambalearse.
