Por: José de la Rosa Castillo
Bastó un instante para que la ilusión festejada en San Miguelito se desmoronara. La alcaldesa apenas comenzaba a celebrar una frágil tregua de siete días sin homicidios —en un distrito asediado por la violencia sangrienta (70 en lo que va del año)— cuando el estampido de los disparos en una plaza comercial de Villa Lucre devolvió a la ciudadanía a su cruda realidad: dos personas asesinadas a plena luz del día, frente a familias, niños, transeúntes y ciudadanos comunes.
Este episodio no es fortuito ni aislado. Es el reflejo de un mapa criminal que devora el país y que se concentra con saña en cuatro puntos cardinales de la violencia urbana: el propio distrito de San Miguelito, la provincia de Colón, Panamá Centro y Panamá Oeste.
Un país que sangra en sus barrios
De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio Público y del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), la cifra acumulada de homicidios en Panamá es de 351 entre enero y julio de 2026, lo que representa un incremento del 4% en comparación con el mismo periodo de 2025. Más del 85% de las muertes se ejecutan con armas de fuego que corren libremente por las barriadas.
La provincia de Panamá (Centro, Norte y Este) encabeza el registro nacional, acumulando aproximadamente el 40-44% de los casos del país. San Miguelito se mantiene como el distrito con la mayor densidad de muertes violentas por kilómetro cuadrado, con 70 homicidios en los primeros siete meses del año. Colón acumula cerca de 60 a 65 homicidios en lo que va del año, mientras Panamá Oeste (Arraiján y La Chorrera) registra entre 35 y 40 homicidios, mostrando una escalada constante vinculada a disputas territoriales de pandillas.
Las estadísticas del Ministerio Público muestran incrementos preocupantes en los delitos con violencia y lesiones personales, afectando desproporcionadamente a jóvenes de entre 18 y 29 años, atrapados en las redes del crimen organizado local y el microtráfico.
La desconexión abismal de la política de seguridad
Sin embargo, cuando se observa el despliegue y las prioridades de la política de seguridad del gobierno nacional, la desconexión es abismal. Los estamentos de seguridad parecen haberse matriculado de forma irrestricta en la agenda estratégica y militar de los Estados Unidos. Se destinan millones de balboas, formación especializada y tecnología de punta al adiestramiento para enfrentar hipotéticas amenazas asimétricas al Canal de Panamá, a la interdicción marítima de drogas en alta mar y al control de flujos migratorios en las selvas del Darién.
El Minseg sustenta de forma recurrente presupuestos que oscilan cerca de los $1,000 millones de balboas anuales (aproximadamente $983.1 millones asignados para 2026). Más del 90% al 95% se absorbe en gastos operativos de funcionamiento y planilla, sumado al crecimiento sostenido de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública (que superan los $100 millones anuales).
Cerca de un tercio de la fuerza y los fondos operativos se destinan a estamentos de doctrina predominantemente militarizada o de frontera como el SENAFRONT y el SENAN, orientados primordialmente al control migratorio (Darién), la interdicción de narcotráfico transnacional y la custodia del Canal y las costas.
Panamá opera bajo el libreto geopolítico de Washington
Panamá opera bajo el libreto geopolítico de Washington, actuando como el guardián de su patio trasero y protegiendo los activos estratégicos del comercio global, mientras abdica de la tarea más fundamental del Estado: proteger la vida del ciudadano a pie.
El resultado de esta subordinación doctrinal es el abandono sistemático de nuestras calles. Mientras estamentos como el SENAN o el SENAFRONT cuentan con equipos tácticos e infraestructura para misiones geoestratégicas, la Policía Nacional en los centros urbanos sobrevive con parches mediáticos, patrullajes reactivos y aplausos prematuros por treguas de una semana.
La delincuencia no necesita infiltrar el Canal para paralizar al país; le basta con adueñarse de las paradas de autobús en Arraiján y La Chorrera, de las calles colapsadas en Colón, o de los estacionamientos de los centros comerciales en San Miguelito y la capital.
Se financia la contención geopolítica mientras nuestras ciudades sangran
Del presupuesto asignado a la seguridad nacional, gran parte alimenta la logística de control de fronteras y la custodia marítima alineada con Washington. Sin embargo, las muertes violentas ocurren en las calles de San Miguelito, Panamá, Colón y Panamá Oeste. Se financia la contención geopolítica mientras nuestras ciudades sangran con armas de fuego ilegales en los estacionamientos de los centros comerciales.
Un país que invierte sus mejores capacidades en blindar una vía interoceánica contra enemigos teóricos, mientras sus ciudadanos caen acribillados en la acera, no está ejerciendo soberanía real; la está simulando. La amenaza más urgente a la estabilidad de Panamá no viene en submarinos ni a través de rutas migratorias: camina por nuestros barrios.
Es hora de girar la brújula, desalinearse de las prioridades ajenas y entender que la vida de un panameño en las calles debe valer, al menos, lo mismo que la seguridad del tránsito de los barcos.
1 de septiembre de 2026
