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Conspiración y Despojo

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Por: José Dídimo Escobar Samaniego

Nos han sorprendido con la noticia aparecida a nivel mundial de la “compra de los puertos de Balboa y Cristóbal” en la república de Panamá. Por la trascendencia de la noticia es necesario la aclaración que el gobierno nacional no ha salido a plantear con la claridad que se requiere.

Impedimentos constitucionales y legales

ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

  1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

2-TÍTULO XIV EL CANAL DE PANAMÁ

ARTICULO 315. El Canal de Panamá constituye un patrimonio inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacifico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta Constitución, la Ley y su Administración.

Además del impedimento constitucional, dado que los puertos son del Estado, bienes inalienables, sujetos a concesión temporal, la empresa Panamá Port, S.A. que detenta en la actualidad la Concesión para la operación de los dos puertos, el Estado Panameño es dueño del 10% de sus acciones, por lo cual recibe beneficios anuales (utilidad).

Durante muchos años, en vez de repartir dividendos, tanto la empresa como Panamá decidieron invertir las ganancias en la modernización y ampliación de equipos en el puerto por un monto alrededor de B/.1,600.00 (mil seiscientos millones de Balboas) que, al término de la concesión, de la primera etapa, es decir, hace tres años atrás, le pertenecen desde entonces al Estado Panameño.

Por tanto, Panamá Port, no puede vender como propia la infraestructura que, de conformidad al contrato de concesión de 1997, le pertenecía y ahora incorpora otros bienes y mejoras a la república de Panamá.

Lo que ha comprado probablemente, según indican los medios de prensa internacionales, Black Rock, misma empresa que está detrás de la mina de Donoso en Panamá, es el paquete accionario de Panamá Port perteneciente a la empresa Hutchinson Wampoa, que tiene la concesión de operación de los dos puertos por 22 años adicionales, cuando termina en el 2047 la extensión de la concesión y el Estado tiene que asumir su propiedad y operación de esos y cualquier otro puerto en la república de Panamá.

De la venta de las acciones de Panamá Port, Panamá tendría, como dueña que es, del 10% de las acciones de esta empresa concesionaria, avalar dicha operación y podría aumentar su participación al 20% del paquete accionario de la empresa concesionaria y serían válidas las modificaciones de la extensión del contrato puesto que no fueron consideradas en el mismo, las nuevas condiciones y circunstancias que, son favorables a la república de Panamá por haber incrementado el valor de las inversiones de hace más de 20 años en esos puertos, incluyendo el incremento del movimiento de contenedores a más de 10 millones de TEU anuales en relación a los 600,000 mil TEU que transitaban por Panamá en 1997.

Los puertos en general, si se logra una relación justa con la república de Panamá, podrían aportar el capital necesario que requiere la Caja de Seguro Social para mantenerla a flote y con garantías suficientes, para que asuma las obligaciones de las pensiones de los panameños.

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El Periódico de Panamá. Revista de Análisis, Político, Económico, Social y Cultural.

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