Por: José de la Rosa Castillo – Especialista en Relaciones Internacionales
El 7 de septiembre de 2026 se cumplen 49 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, un hito que marcó la historia de Panamá al coronar el esfuerzo de múltiples generaciones por alcanzar la plena soberanía sobre nuestro territorio y recuperar el control de la vía interoceánica, principal expresión de nuestra posición geográfica.
Lo que en el siglo XX representó el desmantelamiento de un enclave colonial y la recuperación progresiva de la soberanía nacional, hoy se reconfigura en una compleja disputa por la influencia estratégica, la seguridad marítima y la resiliencia del Canal.
La retórica revisionista proveniente de Washington sobre el Canal reabre un debate que el derecho internacional y la diplomacia consideraban superado con la transferencia definitiva de la vía a Panamá el 31 de diciembre de 1999. Las declaraciones de Donald Trump, al sugerir que la entrega del Canal fue un «error», cuestionar su administración o vincular su funcionamiento con una supuesta hegemonía china, vuelven a colocar a Panamá bajo una presión geopolítica que no puede ser ignorada.
El eje de ese discurso va desde la idea de un supuesto «regalo» estadounidense, que desconoce la larga lucha panameña por la soberanía, hasta la afirmación de una presunta «injerencia china». Esta última desconoce que el Canal es administrado exclusivamente por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), bajo el régimen de neutralidad permanente establecido por los tratados.
A ello se suman presiones económicas, decisiones unilaterales y acuerdos de cooperación en materia de seguridad que han generado preocupación sobre el alcance de la presencia estadounidense en el país. Todo ello obliga a recordar que el Canal es patrimonio inalienable de la nación panameña y que su administración autónoma constituye uno de los pilares de nuestra soberanía.
Pero la defensa de esa soberanía no puede entenderse como un capítulo cerrado en 1999. Es un ejercicio permanente de diplomacia, firmeza política y visión estratégica.
En este escenario, la respuesta del Ejecutivo panameño revela algunas contradicciones. En lugar de construir una sólida red de respaldo internacional que reafirme el carácter inalienable del Canal y el derecho soberano de Panamá a administrarlo, el país parece haber privilegiado una gestión esencialmente bilateral frente a una potencia con una enorme asimetría de poder.
Asimismo, el enfriamiento de relaciones económicas con Beijing como respuesta a las preocupaciones de Washington puede interpretarse como una señal de alineamiento de nuestra política exterior con los intereses estadounidenses. La participación creciente de Panamá en agendas de seguridad impulsadas por Estados Unidos también plantea interrogantes sobre la autonomía de nuestras decisiones estratégicas, particularmente cuando persisten demandas internas relacionadas con seguridad ciudadana, empleo, salud y protección social.
La coyuntura exige, además, algo que ha faltado: un amplio consenso nacional. La defensa de la soberanía no debería limitarse a comunicados de la Presidencia o la Cancillería. Academia, sectores productivos, trabajadores, organizaciones sociales y ciudadanía deben formar parte de una discusión nacional que fortalezca la posición de Panamá frente a las presiones externas.
Los antecedentes de una lucha histórica
El camino hacia los Tratados Torrijos-Carter estuvo marcado por acontecimientos decisivos. En marzo de 1973, Panamá logró llevar su causa ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Trece de los quince miembros apoyaron la resolución favorable a la posición panameña; Estados Unidos la vetó y el Reino Unido se abstuvo.
Un año después, el 7 de febrero de 1974, se firmó el Acuerdo Tack-Kissinger, cuyos principios sirvieron como base para las negociaciones posteriores.
Finalmente, en enero de 1977, la nueva administración de Jimmy Carter decidió avanzar rápidamente hacia la conclusión de un acuerdo. Las negociaciones condujeron a la firma, el 7 de septiembre de ese año, de dos instrumentos fundamentales: el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá.
Ambos representaron un cambio histórico: Panamá recuperaría progresivamente el control de la vía hasta asumir su administración plena el 31 de diciembre de 1999, mientras el segundo tratado establecía el régimen de neutralidad permanente y el libre tránsito por el Canal.
Casi cinco décadas después de aquella firma, la discusión sobre el Canal debe incorporar una dimensión que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano: el agua y la deuda social.
El Canal depende del agua dulce de su cuenca hidrográfica. Los lagos Gatún y Alhajuela son fundamentales tanto para el funcionamiento de la vía como para el abastecimiento de agua potable de importantes centros urbanos. La crisis hídrica, agravada por los efectos del cambio climático y el crecimiento de la demanda, ha llevado a plantear nuevas soluciones, entre ellas el proyecto de un embalse en el río Indio.
Pero ninguna solución técnica puede ignorar a las comunidades que habitan esos territorios. El temor a perder tierras, cultivos, patrimonio cultural y formas tradicionales de vida plantea una pregunta inevitable: **¿puede hablarse de soberanía sobre el Canal si las comunidades que protegen su cuenca hidrográfica sienten que deben sacrificar su propio territorio para garantizar su funcionamiento?**
Desde que Panamá asumió plenamente la administración de la vía, los aportes del Canal al Tesoro Nacional han superado ampliamente los ingresos que el país recibió durante décadas bajo administración estadounidense. Sin embargo, esa riqueza no siempre se refleja en la vida cotidiana de todos los panameños.
Mientras existe un sector logístico, financiero y canalero moderno y altamente rentable, persisten importantes déficits en salud, educación, transporte, infraestructura y acceso al agua potable en numerosas provincias, comarcas y áreas periurbanas.
El problema, por tanto, no es únicamente cuánto produce el Canal, sino cómo se transforma esa riqueza en bienestar colectivo. Al incorporarse sus aportes al Presupuesto General del Estado, resulta difícil para el ciudadano identificar la relación directa entre los ingresos generados por la vía y las obras y servicios que recibe. Cuando además aparecen corrupción, burocracia e ineficiencia, aumenta la percepción de que la riqueza nacional «se queda en el camino».
A 49 años de los Tratados Torrijos-Carter, Panamá enfrenta un desafío que va más allá de la defensa de la soberanía jurídica. Se trata de convertir esa soberanía en **soberanía efectiva**: una política exterior independiente, una administración autónoma del Canal, una neutralidad preservada frente a las disputas de las grandes potencias y, sobre todo, una capacidad real para transformar la riqueza de nuestra posición geográfica en desarrollo humano.
La mejor manera de honrar el legado del 7 de septiembre de 1977 no es solamente recordar que recuperamos el Canal. Es garantizar que aquello que generaciones de panameños conquistaron con sacrificio se traduzca en oportunidades, justicia social, protección de nuestras comunidades y bienestar para todos.
7 de septiembre de 2026
